En el Frente Amplio hay, por lo menos, dos borradores de proyectos de ley que apuntan a dejar sin efecto la Ley de Caducidad: el del Nuevo Espacio, que propone “erradicarla” (ver la diaria del 24/3/2010) y el del abogado Óscar López Goldaracena (por la lista 1001), presentado como una “Declaración de nulidad e inexistencia” de la norma en cuestión. Frente a este contexto y ante la demanda al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por denegación de justicia uruguaya, para aclarar la desaparición de María Claudia García de Gelman, el diputado Carlos Coitiño (PVP) -quien alterna la banca con Luis Puig- propuso el 23 de marzo en la bancada crear un ámbito de trabajo para “sintetizar posiciones” y “líneas de acción política”. Tanto Pereyra como Orrico prefirieron no avanzar en la conformación de ese espacio hasta consultar a sus sectores.
“Claro que pedimos un tiempo. El Poder Legislativo no puede anular nada”, opinó Orrico en diálogo con la diaria, y apeló a una argumentación jurídica. “Hay proyectos muy imaginativos pero que no son jurídicamente viables”, sentenció. En ese sentido, señaló que los “efectos de la anulación son peligrosos” porque fue el artículo cuarto el que permitió abrir los juicios que terminaron con varios procesados a partir de 2005. Apelando al referéndum de 1989 y al plebiscito de 2009, el legislador sostuvo que “no es democrático” anular la Ley de Caducidad porque “hay que respetar la voluntad popular”. “No sé qué va a hacer la Corte, pero en el derecho interno tenemos limitaciones. Tenemos que pensar en abstracto, no podemos legislar pensando en el Goyo [Álvarez] o en [Juan María] Bordaberry”, expresó.
Para Orrico “la ley no impide actuar a la justicia. Si se declara la inconstitucionalidad en cada caso se puede continuar investigando”, afirmó. En la misma línea se expresó Pereyra. “Hay que dejar que la justicia se pronuncie en cada caso. Hay que dejar pasar ese tiempo que llevará al Poder Legislativo a analizarla”, opinó, añadiendo que reconoce “que hay grupos [dentro del FA] que están preocupados”. En ambos sectores no hay posición tomada. En AU no está previsto tratarlo y en el MPP se hará “cuando se haga una propuesta formal”.
No encajés
Puig recordó que el tema lo planteó Coitiño al proponer la conformación de un espacio con todos los sectores frenteamplistas. Y mencionó que él realizó una exposición ante sus colegas diputados y senadores el 19 de marzo, sobre la importancia de alcanzar una postura consensuada.
“La conformación de un grupo de trabajo es ineludible. En materia internacional hay una situación planteada por la Corte Interamericana y Uruguay debe dar un mensaje claro. Y luego hay una cuestión ética. El camino para buscar la salida habrá que verlo, pero tiene que haber una actitud para dialogar”, señaló Puig, e indicó que el último Congreso del FA respaldó la anulación y que esta iniciativa figura en el programa de gobierno. Sobre las discrepancias planteadas desde AU, Puig señaló que “para el FA es un tema político en tanto administrador del Estado”. “No podemos mirar a los costados”, sentenció.
“Se debe conocer la verdad para promover la reconciliación. Es uno de los ingredientes posibles para llevar adelante la misma. [...] La función esencial del Parlamento es por supuesto legislar, pero no es la única, el Parlamento y los parlamentarios controlamos la acción del Poder Ejecutivo. Además, la institución y nosotros tenemos un especial compromiso en el proceso de reconciliación, porque somos parte de esos procesos también”. Estas palabras son parte de la exposición de la presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada (MPP), en la asamblea de la Unión Interparlamentaria, el 28 de marzo en Tailandia.
Passada sostiene que un camino a la reconciliación es la anulación de la Ley de Caducidad. Frente a las resistencias dentro del FA, dijo a la diaria que “hay que buscar el máximo consenso teniendo en cuenta las diferentes aristas”. Considera necesario conformar un ámbito para alcanzarlo: “Hay que complementar posturas y encontrar una salida. No podemos mirar para otro lado. Sea cual sea, tiene que haber una salida. Se abre un nuevo proceso; ante esta nueva coyuntura política que no es la de hace 25 años, las decisiones que deben tomarse son políticas”.