“Guarde arresto, señorsito”. Gregorio Álvarez estaba esposado en los pasillos del quinto piso de los juzgados de la calle Misiones. Esperaba su turno para comparecer ante el juez Juan Carlos Fernández Lechini por la muerte de Roberto Luzardo el 12 de junio de 1973, tiempos en los que el represor ostentaba la jefatura del Estado Mayor Conjunto. Faltaban 15 días para que el golpe de Estado se oficializara con la disolución de las cámaras y Luzardo estaba internado desde agosto del año anterior.
Álvarez se exaltó cuando escuchó la orden, lanzada no con poca satisfacción por uno de los acompañantes de los testigos que también ayer debieron dar, una vez más, testimonio. Se trató de una parodia a una frase militar, lanzada por superiores a subalternos a la hora de ordenar una sanción. Álvarez había ingresado al juzgado proveniente de la cárcel especial de Domingo Arenas, donde se encuentran los procesados por crímenes de lesa humanidad, y para quienes en un principio el presidente José Mujica pensaba redactar un proyecto de ley habilitando que pudieran gozar de la prisión domiciliaria.
El ex militar es uno de los que podrían haber apelado a esa disposición, ya que supera los 70 años. Está procesado desde diciembre de 2007 por los vuelos clandestinos entre Buenos Aires y Montevideo, una de las facetas del Plan Cóndor. La de ayer pudo haber sido la última instancia antes de que el magistrado actuante se expida sobre la responsabilidad del dictador en el deceso de Luzardo.
Cuando murió, el militante del MLN tenía un balazo en su cuerpo que lo había dejado cuadrapléjico. Estaba alojado en una sala, en la que también se hallaban otros integrantes de la organización guerrillera, que vieron el paulatino deterioro de Luzardo. Además de Álvarez, también fueron citados ayer las autoridades del Hospital Militar de aquel entonces (cuatro coroneles) y dos médicos, uno de los cuales reconoció que solicitó asistencia para el paciente, pero que nunca se dio cumplimiento.
Ayer insistió en que, como especialista, no tenía poder de decisión para asistir a la sala, salvo que la jefa de servicio lo solicitara. Esta mujer volvió a declarar ayer y su testimonio fue contradictorio y, por momentos, contraproducente para sus intereses de deslindar culpa. Encima, Álvarez dijo ayer que la responsabilidad era de ella. Fue cuando cambió una versión anterior al reconocer que concurrió al Hospital Militar para ver a Luzardo, aunque se mantuvo en sus dichos acerca de que no tenía injerencia en las decisiones que se tomaban.
El 25 de junio de 1972 un comando del MLN asesinó al coronel Artigas Álvarez. En agosto, cuando le dieron captura, Luzardo fue herido a balazos y trasladado al 9º de Caballería. Lo acusaban de haber participado en el operativo; lo torturaron y luego lo trasladaron al Hospital Militar, en donde le retiraron la asistencia. En 2008 y en el marco de una entrevista con Ana María Mizrahi, el ex tupamaro José Luis Rodríguez confesó haber integrado el grupo que emboscó a Álvarez para ejecutarlo, en respuesta al crimen que lo acusaron de cometer contra otro integrante del MLN, a patadas y en la cárcel. Rodríguez aclaró que Luzardo nada tenía que ver con aquel asunto.
Cuando el Goyo fue al Hospital Militar lo hizo para conocer a quien tenían identificado como el asesino de su hermano. Los testigos que ayer se carearon con el dictador y autoridades del centro asistencial aseguraron que el por entonces militar ordenó que lo dejaran morir sin asistencia. Ayer se incorporaron al expediente dos elementos que no figuraban y que fueron recuperados en el marco de las investigaciones. El acta de defunción firmada por la jefa del servicio y un informe forense que reconoce que Luzardo murió por inasistencia. Pasadas las 20.00, Álvarez y los demás convocados abandonaron el juzgado. Algunos sí regresaron a sus casas.