El escrito de solicitud, argumentos y pruebas por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman pide a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se deje sin efecto la Ley de Caducidad como “garantía de no repetición”, confirmó a la diaria la abogada Ariela Peralta, patrocinante de la familia Gelman, en representación del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
La demanda, indicó, se expresa en los mismos términos que la presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque enfatiza en la figura de “desaparición forzada” principalmente “porque se desconoce el destino final” de María Claudia, quien estuvo detenida en Argentina antes de ser trasladada a Uruguay en 1976. “La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad porque se realizó bajo la prédica sistemática del Estado” y en el marco del denominado Plan Cóndor, explicó Peralta.
La abogada subrayó que la documentación y el alegato se centran en demostrar la denegación de justicia por parte del Estado uruguayo. En ese sentido explicó que “la falta de recursos efectivos y de protección judicial” fueron negados a las víctimas de la dictadura desde la restauración de la democracia y que uno de los obstáculos del “derecho a la verdad” es la Ley de Caducidad.
La CIDH elevó el caso a la Corte el 21 de enero luego de que el Estado uruguayo postergara por tercera vez la ejecución de las recomendaciones emitidas por este organismo en agosto de 2008, razón por la cual lo consideró responsable por la violación de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ratificada por Uruguay. El primer plazo había vencido el 21 de noviembre de 2008, prorrogado hasta el 21 de enero de 2009 y ampliado una vez más hasta el 21 de julio de ese año.
Una vez que el Estado sea notificado del escrito presentado ayer, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo improrrogable de dos meses para realizar los descargos. Se prevé que para el segundo semestre la Corte fije la audiencia pública y para principios de 2011 se espera la sentencia.
Esta instancia en la Corte llega en un contexto en el que, tras la derrota del Sí rosado el 25 de octubre, se inicia un nuevo camino que busca la “anulación” de la Ley de Caducidad. Desde la Mesa Política del Frente Amplio se habló de “borrar” la norma del sistema jurídico el 12 de abril, cuando decidió conformar una comisión que redacte un texto único para presentar al Parlamento. De las consultas realizadas por la diaria se desprende que la mayoría de los sectores todavía no nombraron el delegado, pero que hay voluntad política para instalarla luego de las elecciones departamentales.
En tanto, varias organizaciones sociales se reunieron el viernes en el local de la Asociación de ex presos políticos Crysol para elaborar una plataforma común. El presidente de esa organización, Baldemar Tarocco, explicó que no se trata de refundar la antigua Coordinadora Nacional que impulsó el plebiscito de octubre, sino de crear un “ámbito social independiente” que “impulse y exija” la nulidad, que ahora está en manos del sistema político. Tarocco indicó que éste será un punto central el 1º de mayo, pero adelantó que “en breve” se realizará un lanzamiento de este nuevo grupo en el teatro El Galpón, allí donde el 4 de setiembre de 2008 se presentó la campaña por el Sí rosado, recordó.