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La verdad escondida

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Los resultados de la Comisión de la Verdad hondureña pueden ser confidenciales por 10 años.

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La Comisión de la Verdad que está a cargo de investigar el golpe de Estado de junio de 2009 en Honduras se terminó de conformar el martes con la firma del presidente, Porfirio Lobo. Se anunció que la comisión comenzará a funcionar el 4 de mayo, algo que estaba previsto para el 25 de febrero. También se dijo que algunos informes que resulten de las investigaciones de la comisión pueden ser archivados sin acceso al público durante un máximo de diez años, antes de pasar al archivo nacional. No se especificó cuáles serían estos informes.

Se decidió que la coordinará Eduardo Stein, ex vicepresidente de Guatemala, y la integrarán también el diplomático canadiense Michael Kergin, que fue embajador en Cuba y Estados Unidos, y la jurista peruana María Amadilia Zabala, ex ministra de Justicia y embajadora de su país en la Organización de Estados Americanos (OEA), informó la agencia de noticias EFE.

Los dos integrantes hondureños de la comisión, que ya estaban confirmados, son la rectora de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, y el ex rector Jorge Casco.

Según dispuso el martes el Consejo de Ministros del actual gobierno hondureño, liderado por Porfirio Lobo y desconocido por buena parte de los países latinoamericanos, esta comisión investigará durante ocho meses los hechos ocurridos antes, durante y después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en el que fue derrocado el presidente Manuel Zelaya. La investigación podría ser extendida por más tiempo si resultara necesario.

Tanto las autoridades hondureñas como Stein se proponen que los documentos que por “razones de seguridad” deban ser clasificados sean puestos en custodia de algún organismo internacional. En principio se le pidió esto a la OEA, que rechazó esta solicitud por falta de condiciones y sugirió que sean las Naciones Unidas u otro organismo internacional el que se responsabilice, informó Stein.

La comisión tendrá “acceso irrestricto a la información” oficial y dispondrá del apoyo de los tres poderes del Estado, según indica la norma aprobada el martes.

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