El diputado oficialista explicó que el objetivo es que el Parlamento habilite al Poder Ejecutivo la utilización de créditos extrapresupuestales de forma rápida, para que las reformas no tengan que esperar la vigencia de la nueva ley de presupuesto, que se discutirá este año. “Si esperan al presupuesto deben aguardar un año para poder contar con los fondos”, explicitó Orrico, quien señaló que todavía no maneja los montos que insumirán las medidas.
Sí es un hecho que el Ministerio del Interior (MI) podrá contar con 14.750.726 dólares que fueron transferidos, mediante un decreto del 12 de abril, por la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (Impo) a Rentas Generales. Según ratificó a la diaria el director de esa dependencia, Gonzalo Reboledo, ese dinero tiene como destino las mejoras en el sistema carcelario.
Según Orrico, será el Poder Ejecutivo el que definirá si el dinero se utilizará para la construcción, refacción o reciclaje de edificios, o la compra de nuevos establecimientos carcelarios. Tampoco está definido qué grado de asociación con privados se habilitará desde el gobierno, aunque se descuenta la participación en la construcción de las nuevas cárceles y se barajan las posibilidades de que privados se hagan cargo de determinados servicios en los centros penitenciarios, como la hotelería o la alimentación.
Ayer un equipo de técnicos de la Dirección Nacional de Cárceles viajó a Argentina respondiendo a una invitación de una empresa especializada en la construcción de prisiones prefabricadas de hormigón armado. Bonomi informó que también en el marco de la búsqueda de nuevas formas de gestión de las cárceles el ministerio recibió invitaciones desde Inglaterra, Chile, Brasil y Argentina. El director nacional de Policía, Julio Guarteche, afirmó la semana pasada que según un estudio del ministerio se deberían construir doce penitenciarías nuevas.
La ley consensuada entre los partidos también tendría que dar potestades al Poder Ejecutivo para resolver la situación desde el punto de vista de los recursos humanos, para que el MI pueda contar con personal en comisión o contratar los funcionarios necesarios. Aunque todavía no está resuelto, una de las alternativas para habilitar rápidamente al gobierno a tomar medidas es la aprobación de una ley de urgente consideración. “Si mañana [por hoy] tuviéramos la suerte de llegar a un acuerdo citaríamos a una de las cámaras un día y a la otra al otro día”, arriesgó Orrico, quien auguró que si ese escenario se da, “para antes de fin de mes estaría liquidado” el tema. El legislador presentará hoy un borrador de proyecto de ley elaborado con la colaboración de la asesora legal de Interior, Silvia Izquierdo, como base para la discusión.
El Partido Nacional designó al senador Carlos Moreira como su representante, y el Partido Colorado, al diputado Aníbal Gloodtdofsky. El Partido Independiente elegía ayer a su delegado. El diputado colorado compartió que la situación del sistema carcelario “es de emergencia y requiere una intervención inmediata”, y manifestó su “disposición a colaborar” pero, respecto de los tiempos, advirtió que “no puede sortearse ni procurar atajos en lo que hace al TOCAF y ordenamiento normativo para licitaciones y adquisiciones, en la medida en que eso representa una garantía de transparencia para la sociedad”.