Kirguistán pasó de la Revolución de los Tulipanes, en 2005, a la denominada Revolución de Rosa, en 2010, que dejó en el país un nuevo gobierno desde el 7 de abril, cuando la oposición se impuso luego de una revuelta liderada por Rosa Otunbáyeva, ministra de Exteriores del depuesto presidente Bakíev.
Otunbáyeva, quien también protagonizó la Revolución de los Tulipanes, recordó que el presidente depuesto en ese entonces, Askar Akáyev, al verse derrocado por una revuelta popular, renunció a su cargo y se exilió en Moscú. La oposición que acaba de convertirse en gobierno le pide a Bakíev, que se niega a renunciar, que siga aquel ejemplo. Pese a que Otunbáyeva declaró que Bakíev le había entregado su renuncia firmada y que se había ido del país en una avioneta, se supo que no fue así, y que el ex presidente exige que se le garantice su seguridad y la de su familia antes de renunciar.
El nuevo gobierno anunció que tomará las medidas necesarias para garantizar la calma en las calles, luego de hacerse responsable por las reiteradas manifestaciones de fines de marzo, en las que murieron 82 personas por la represión policial.
Por esa represión, ordenada desde el gobierno, las nuevas autoridades emitieron una orden de búsqueda y captura contra los hermanos de Bakíev, Zhanish, jefe del Servicio de Protección Estatal, y Marat, subjefe del Servicio de Seguridad Nacional.
Los tres hermanos están refugiados y, desde su escondite, Bakíev también reclamó que se haga “una investigación independiente” acerca del “golpe de Estado perpetrado por estructuras criminales” de las Naciones Unidas y de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. También exigió que se convoque a elecciones presidenciales y que las nuevas autoridades “restablezcan el orden”, informó la agencia de noticias EFE.
Algunos dirigentes del nuevo gobierno respaldan la postura del viceprimer ministro, Azimbek Beknazárov, quien aseguró el lunes que si Bakíev no se entrega, “los cuerpos de seguridad pondrán en marcha una operación para detenerlo”. Otros apoyan la opinión de la líder Otunbáyeva, quien afirmó: “Una solución de fuerza acarrearía nuevas víctimas mortales con las que cargaríamos en nuestras conciencias”.
En 2005 la rebelión popular nació luego de reiteradas denuncias de fraude en las elecciones parlamentarias -en las que ganó el oficialismo- y para exigir la renuncia del presidente, tal como la rebelión de marzo de 2010. Al igual que ahora, se nombró un gobierno interino, que fue liderado por Bakíev. En los dos casos, los gobiernos cayeron tras manifestaciones populares.
En un caso más reciente, la oposición protestó por entender que la constitución de 2007 no incluyó los cambios suficientes para asegurar la democracia necesaria en el país.
Desde la caída del bloque socialista, Kirguistán, que perteneció a la Unión Soviética, enfrentó numerosas crisis internas. Las primeras fueron de origen étnico, protagonizadas por uzbecos y kirguisos que se disputaban tierras y viviendas, crisis que dejaron hasta 400 muertos, en los enfrentamientos de 1989 y 1990.
Las diferencias territoriales entre las etnias fueron solucionadas por medidas oficiales luego de que en 1991 Akáyev ganara las elecciones en las que fue el único candidato. En ese cargo fue reelecto en los años 1995 y 2000, cuando obtuvo un tercer mandato con poderes ampliados por la aprobación de enmiendas constitucionales en 1996, recordó EFE.
A diferencia de la Revolución de los Tulipanes, en la que Rusia apoyó al gobierno derrocado, en este caso, la nueva administración kirguisa señaló a Rusia como su principal aliado. El primer ministro ruso, Vladimir Putin, fue el primero en comunicarse con Otunbáyeva, a la que le transmitió la necesidad de impedir un nuevo estallido de violencia, y le aseguró que contará con “la necesaria ayuda humanitaria”, informó la agencia de noticias Reuters.
Al país arribaron representantes de Naciones Unidas, de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y Estados Unidos, que arrienda una base aérea en Manas, considerada clave por los estadounidenses para la guerra de Afganistán, y que despierta el rechazo ruso. La base estuvo a punto de ser cerrada en febrero de 2009, cuando Rusia ofreció un paquete de ayuda económica de 2.000 millones de dólares a Kirguistán, pero finalmente las ofertas estadounidenses fueron mejores y la base se mantuvo.
El nuevo gobierno kirguiso anunció que existe la posibilidad de que el contrato de arrendamiento de la base, que es anual y caduca a fines de junio, se considere terminado antes de tiempo, lo que sería un duro golpe para los intereses estadounidenses.