La Asamblea Nacional Legislativa de Ecuador tenía previsto aprobar ayer el proyecto de ley de recursos hídricos, en el que busca establecer el marco para la gestión y el uso del agua del país. Pero debió cambiar sus planes.
Esta iniciativa del gobierno de Rafael Correa recibe desde hace meses cuestionamientos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que en la última semana intensificó sus protestas. Las organizaciones indígenas entienden que esta ley conduce a la privatización del agua. Señalan que perderán el control de ese recurso en su territorio y que la norma favorece la actividad de empresas embotelladoras y emprendimientos de minería.
Desde el gobierno, el propio presidente Correa insiste en que eso no es cierto, en que incluso la Constitución impide que el agua se privatice, y desafía a quienes sostienen esa posición a que indiquen en qué artículo del proyecto de ley se basan.
El lunes fueron cerrados los accesos terrestres a Quito por las movilizaciones de la Conaie, que hasta el momento causaron la detención de 21 manifestantes. Según informes de la prensa local, los cortes del tránsito comenzaron a perjudicar los mercados de la zona costera y el transporte público, cuando varias carreteras están cortadas en las provincias de Imbabura, Bolívar y Cotopaxi.
Los reclamos “por la vida y por el agua” llegaron incluso a la Corte Constitucional. Ante una demanda de la Conaie, el tribunal consideró que se debe aplicar un artículo de la Constitución y consultar a los pueblos indígenas acerca de la ley, por entender que les afecta directamente. Aunque el gobierno rechazó esa tesis, finalmente el presidente de la Asamblea Legislativa, Fernando Cordero, propuso a los legisladores acatar el fallo, hacer la consulta a los pueblos indígenas y evitar, así, aprobar una ley que luego pudiera ser cuestionada por “vicios de procedimiento” en su aprobación, indicó la agencia de noticias AFP. Para la Conaie, la iniciativa de Cordero sólo buscaba desactivar las movilizaciones indígenas y dejar fuera de la consulta puntos críticos que ella reclamaba. Exigía que la consulta fuera vinculante, es decir, que la respuesta que los movimientos indígenas dieran a la Asamblea tuviera que ser acatada por los legisladores.
Esta discusión, que recién comenzaba, quedó cerrada ayer, cuando la Asamblea rechazó la propuesta de Cordero. De acuerdo a la agencia EFE, 50 votos en contra y diez abstenciones se opusieron a la moción de Cordero, que además postergaba por cinco meses la votación de la ley. La sesión de la Asamblea terminó entre acusaciones mutuas de los legisladores y sin que Cordero anunciara cuándo se retomará la discusión.