La comisión interpartidaria de medio ambiente concluyó su trabajo y acordó un documento que contiene cuatro “ejes estratégicos”: gestión ambiental, cambio climático, participación pública e institucionalidad ambiental. Con respecto al primer eje se considera necesario abordar el “tratamiento” de los residuos y su “disposición final” por regiones, incluyendo la construcción de un complejo para su depósito, cuya localización debe quedar a cargo del Consejo de Intendentes, o al menos “con su participación activa y decisiva”.
También se evalúa como “adecuado” realizar una “preclasificación” en los hogares. Y se aspira a que se promueva la concepción de que la recolección es una actividad “productiva” que puede realizarse “con inversión y gestión privada o distintas formas de asociación”. Por otra parte, el documento manifiesta la necesidad de establecer estándares a nivel nacional de contaminaciones sonoras y visuales y de otros elementos que “hacen a la calidad ambiental de las ciudades”, para así lograr un “Sistema de Indicadores Ambientales Urbanos”.
Respecto de los recursos hídricos, se destacó que la contaminación existente en el Puerto de Montevideo puede tener a mediano plazo consecuencias negativas para la actividad turística de los cruceros.
También se alertó sobre la “fragilidad del área metropolitana con relación a una fuente de abastecimiento de agua potable, en la que más de un millón de personas están abastecidas exclusivamente” por el río Santa Lucía, lo cual hace “imperioso estudiar fuentes alternativas”. También se considera “conveniente” promover una Ley sobre Bioseguridad con el máximo consenso político posible para regular el uso de transgénicos. En esta materia, se acordó “avanzar” en la aprobación parlamentaria del protocolo de Cartagena (de regulación internacional sobre uso de transgénicos), que fue firmado en 2000.
En el eje del cambio climático se fijó que la postura internacional de Uruguay “en el agrupamiento de países en vías de desarrollo” puede ser una guía en las negociaciones internacionales en curso”, y “en particular asumiendo metas de reducción ambiciosas para los países emisores”. En cuanto a la estrategia internacional, se preserva el principio de que los compromisos deben ser diferenciados en función de las responsabilidades que cada país tiene con sus emisiones globales actuales y pasadas. A nivel nacional se planea apoyar el Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático como órgano director en la materia y se planea reforzarlo. Sobre la “participación pública” se manifiesta la necesidad de que la ciudadanía participe en la gestión civil en los temas ambientales. Para ello, la falta de información constituye un obstáculo, por lo cual se considera que el Estado debe “instruir e informar”, así como también la prensa, para la cual se buscarán caminos de especialización en el tema.
Además, se prevé un Sistema Nacional de Información Ambiental, cuya información sea pública. En cuanto al tema de la “institucionalidad ambiental” se resaltan aspectos regionales, como los “monitoreos fronterizos, que se consideran muy necesarios y que eventualmente requerirán también una coordinación por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores”.