La solicitud al Poder Ejecutivo para que se pronunciara acerca de si la causa de Gomensoro sigue comprendida dentro de la Ley de Caducidad partió del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paso de los Toros, a cargo de la jueza Lilián Elorriburu. Allí deberá volver el expediente, por intermedio de la Suprema Corte de Justicia, con la respuesta del gobierno, que podría formalizarse en las próximas horas, tras la reunión del Consejo de Ministros. Una vez que la documentación llegue a Paso de los Toros, la fiscal Angelita Romano quedará habilitada para pedir los procesamientos, porque la instrucción ya está realizada, según explicó a la diaria el abogado del caso, Guillermo Paysée.
Gomensoro, militante del 26 de Marzo, desapareció el 13 de marzo de 1973 y su cuerpo fue hallado cinco días después flotando en el lago de Rincón del Bonete, cerca del Batallón de Ingenieros Nº 3 del Ejército. El hecho fue denunciado por la madre de Gomensoro en junio de 1985, pero el caso fue amparado por la Ley de Caducidad dos años después, por decisión de Julio María Sanguinetti.
En 2001, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) inició en el cementerio de Paso de los Toros una investigación sobre cinco cuerpos no identificados, entre los que podía encontrarse el de Gomensoro. Pero en la tumba donde se suponía que había sido enterrado había restos óseos infantiles, y, por otra parte, no existía constancia de que el cuerpo hubiera sido exhumado. Una pericia, motivada por una denuncia penal realizada por el entonces intendente Eber da Rosa, arrojó que la tumba había sido profanada poco antes de que Serpaj llegara a investigar. El resto del cuerpo permanece desaparecido.
En 2002 fue identificado el cráneo de Gomensoro, que aún conservaba el médico forense Emilio Laca, responsable de la autopsia del cuerpo encontrado el 18 de marzo de 1973. La jueza de Instrucción en Paso de los Toros al momento de los hechos, Aurora Álvarez, fue una de las que declararon el año pasado en la causa. Álvarez era la esposa del hoy fallecido coronel Federico Silva Ledesma, que fue presidente, en la dictadura, del Supremo Tribunal Militar. En 2009 también declaró José Nino Gavazzo, quien reconoció que tomó declaración a presos en el Batallón Nº 3 de Paso de los Toros pero dijo no recordar nada relacionado con Gomensoro.
Gavazzo tampoco recordó nada el viernes, cuando el juez Alejandro Guido lo interrogó sobre por qué los hermanos Anatole y Victoria Julien Grisonas aparecieron en una plaza de Valparaíso, Chile, luego de que sus padres desaparecieran en Buenos Aires. Gilberto Vázquez también declaró que no tenía nada que ver.
“La postura de ellos fue no hablar del segundo vuelo, responsabilizar a los argentinos y mostrarse como benefactores para con los uruguayos que debían enfrentar el terrorismo en ese país”, contaron a la diaria fuentes relacionadas con el caso. Sobre los niños respondieron que “cuando no tenían familiares los criaban los militares” y que “ése era el modo de operar” en Argentina. Hoy continuarán las indagatorias a Ernesto Rama y para el 21 de junio está fijada la audiencia en que deben declarar Gregorio Álvarez, Juan Carlos Blanco y un ex funcionario de la embajada uruguaya en Argentina, Alberto Voss Rubio.
En cuanto a la causa que investiga el envenenamiento con vino de Cecilia Fontana de Heber -reabierta en 2006-, la jueza Gabriela Merialdo dejó en libertad a una sospechosa detenida el jueves por Interpol. Las pericias realizadas por el director de Policía Técnica, Roberto de los Santos, señalaban que esa mujer, ex policía, era la persona que escribió la esquela anónima con el texto “El jueves 31 al mediodía brindaremos por la patria en su nueva etapa”, que acompañaba a tres botellas enviadas en agosto de 1978 al domicilio de Luis Alberto Lacalle y dirigidas a éste, a Carlos Julio Pereyra y a Mario Heber, todos dirigentes blancos opositores a la dictadura.
Según explicó a la diaria el abogado Javier Barrios Bove, la defensa solicitó una segunda pericia que estuvo a cargo del subjefe de Policía de Montevideo, Washington Curbelo, quien opinó -como ya lo había hecho en 1985- que la letra no es de la sospechosa. Una junta de peritos se expedirá sobre el tema y en función de esto la jueza tomará una decisión.