Fue el viernes. La Comisión por la Memoria de Uruguay, personificada en Walter Caimí y Lille Caruso, radicó ante el Juzgado Penal de 2º Turno una demanda por la apología del terror que se desprende, a juicio de la organización, de las expresiones vertidas el 14 de abril por la “Asociación 14 de abril de 1972, de homenaje permanente a los caídos en defensa de las Instituciones Democráticas y de la Libertad”, discurso pronunciado por el Gral. (r) Raúl Mermot; y por el Centro Militar, “prédica efectuada por el Gral. (r) Manuel Fernández”.
Palabras más, palabras menos, en ambos actos los convocantes propagaron la teoría de los dos demonios, hablaron de una guerra que continúa abierta actualmente en otros frentes (como el político y el jurídico) y de la defensa de las instituciones que asumieron las Fuerzas Armadas ante la amenaza sediciosa y comunista. “Dicho discurso atenta contra los derechos democráticos de nuestra Nación en el entendido de que se pone en tela de juicio al Poder Judicial”, reza el escrito al que accedió la diaria.
La aseveración tiene que ver con el encarcelamiento de represores por delitos de lesa humanidad en casos que fueron excluidos de la Ley de Caducidad y que para los ex militares se trató de “normas legales que se aplicaron, forzando con rebuscados artilugios de muy dudosa justificación jurídica. En reiteradas oportunidades hemos manifestado que nuestros presos políticos habían sido juzgados, procesados y algunos ya condenados, basándose solamente en el testimonio de testigos de dudosa confiabilidad, sin aportar pruebas que fundamentaran sus denuncias”.
Para la Comisión por la Memoria “se intenta confundir a la población ante el argumento [de] que la ‘ex secretaria de Estado’ en referencia a la que fuera ministra de Defensa Nacional, Dra. Azucena Berruti, ‘permitió que la Fiscal actuante Dra. Mirtha Guianze enviara a prisión a militares dependientes de su propio ministerio”. En relación con lo dicho por la Asociación 14 de abril, la denuncia pone también la atención en lo dicho por Mermot acerca de que “los militares se mantendrán expectantes al devenir de los próximos acontecimientos”, y se pregunta “qué se quiso decir al pronunciar estas palabras, cuál es el alcance de estos dichos”.
Consultado por la diaria, Mermot explicó que las expectativas tenían que ver con los anuncios -“que parece que ya no corren”, dijo- del presidente José Mujica de enviar un proyecto de ley para que los procesados por los delitos cometidos en dictadura puedan beneficiarse de la prisión domiciliaria, algo que actualmente está expresamente prohibido por la Ley de Humanización Carcelaria. “A qué otra cosa nos vamos a referir”, deslizó Mermot, al tiempo de sugerir, en tono irónico, que “ahora vamos a hacer política con armas”, parafraseando a Julio Marenales y otros dirigentes tupamaros, que el miércoles 28 de abril en el homenaje a Raúl Sendic, dijeron no haber integrado una guerrilla, sino que habían hecho “política con armas”.
Con respecto a la oratoria de Fernández, la demanda destaca como medular la parte en la que el ex militar sostuvo: “Queremos tener un recuerdo especial para las víctimas actuales de la guerra revolucionaria en la cual seguimos inmersos, que están desterrados en Chile, en Argentina, en Italia y a los ‘prisioneros de guerra política’ que están en Domingo Arena, o en Cárcel Central o en sus domicilios [...] aún hoy seguimos inmersos en la lógica de esa guerra, porque es un hecho indesmentible que nunca se firmó ningún documento entre las partes combatientes, ni capitulación, ni armisticio, ni pacto, ni cese de hostilidades”.
La Comisión puntualiza en su escrito que “las personas que están recluidas actualmente han tenido y tienen todas las garantías del debido proceso. Contrariamente a lo manifestado por Fernández, ninguno de los procesados está condenado por actos en contra del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, sino por la desaparición de personas y/o consecuentemente por homicidio. También los militares que se encuentran detenidos en el país trasandino han contado y cuentan con todas las garantías que ofrece el sistema jurídico chileno y la justicia de nuestro país”.