El debate comenzó pasadas las 21.00 y de entrada quedaron expresadas tres grandes corrientes: la de terminar con el piquete hoy mismo por un lapso a establecer, hacerlo dentro de 45 días o recién cuando se cumplan sus exigencias, entre ellas la inspección argentina a la fábrica. Así las cosas, parece que cuatro años de corte de ruta ininterrumpido, la instalación de una aduana paralela en la frontera y una disputa local que alcanzó dimensiones nacionales se aproximan a un punto de inflexión considerado importante y necesario por ambos gobiernos.
Las movidas de Mujica y Cristina Fernández, que empezaron mucho antes de que el primero asumiera la Presidencia de la República y de que se conociera el fallo de La Haya, se concentran en liberar la ruta para que de esa forma se liberen el tránsito y las soluciones. “Yo hice unas gestiones, pero hay que esperar”, repetía Mujica durante la campaña electoral, después de reunirse con quien sería su colega.
Paradójicamente, el decreto firmado por Fernández, que acusa a los asambleístas de Gualeguaychú -entre otros delitos- de sedición y homicidio culposo, en lugar de tensar aun más las relaciones favoreció la negociación. Pouler confirmó que para que la causa judicial siga su curso es necesario que el gobierno concurra al juzgado, algo que hasta ahora no ha hecho. La presentación estaba prevista para el viernes, aunque tras los últimos acontecimientos no se sabe si se efectivizará.
Sin embargo, los activistas alegan que “la discusión real” de suspender el corte no tuvo que ver con la denuncia, sino que quisieron “remover un obstáculo” para que se pongan en práctica los controles por parte de ambos países. “Para que no digan que es un capricho de Gualeguaychú”, señaló Pouler.
La moción que proponía levantar el corte el 1º de agosto apuntaba a condicionar la puesta en práctica de esa decisión para ver si se materializaba lo anunciado el 2 de junio en Anchorena por Mujica y Fernández acerca del monitoreo conjunto. Pouler admitió que es posible que haya habido contactos “extraoficiales” con el gobierno argentino para llegar a esta medida. En caso de que la denuncia de la administración siguiera su curso, la asamblea estudiará en los próximos días una propuesta para lograr diez mil firmas de personalidades de Gualeguaychú y de toda Argentina que se acusen a sí mismas de los mismos delitos por los que ellos fueron acusados.
Cuando se confirmó que la asamblea de Gualeguaychú estudiaría levantar el corte, Mujica expresó a sus allegados su deseo de hacer algo para contribuir a que se concretara, informaron a la diaria desde el entorno del mandatario. El martes se reunió con su asesor Francisco Vernazza, y en la noche publicó un comunicado en el sitio de Presidencia titulado “El control requiere oposición de intereses”. Allí señalaba: “El autocontrol puede ser un concepto muy valioso en la discusión ética, pero tiene patas cortas en la vida material. El sistema de control que vale es el que hace espacio a la oposición de intereses, porque es la única manera de contener la natural inclinación a ser indulgentes con nosotros mismos. Son los afectados más directamente por nuestras acciones los que más derecho tienen a estar involucrados en la protección de sus intereses”. Según las fuentes, Mujica quiso con este comunicado dar un mensaje “a tres bandas”. En primer lugar, dar una señal a la interna del sistema político uruguayo y pedirle que “no meta a la cuestión de la soberanía en este lío”. En segundo lugar, decirle al gobierno argentino que “no está solo”. Y en tercero -y eso explica el momento elegido- dar garantías a la asamblea de que el gobierno uruguayo está dispuesto a realizar un control exhaustivo, incluso en la planta. En Gualeguaychú, el mensaje se interpretó exactamente de esta forma. “A la gente le gustó lo que publicó Mujica”, aseguró Pouler. Cualquiera de las decisiones que puso en debate la asamblea implicaba que los activistas no se retirarían de la ruta, sino que ampliarían el refugio que han construido y pondrán lomos de burro “para que los autos pasen despacio”. Pouler estimó que no volverán a cortar la ruta aunque el monitoreo no se lleve a cabo. Les bastará con “mostrar que los gobiernos no cumplen con su palabra”.