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Daniel Rafecas. (archivo, noviembre de 2008)

Foto: Javier Calvelo

La hora, juez

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Procesaron a Furci por el secuestro y tortura de 67 personas que estuvieron en Orletti.

El procesamiento de Miguel Ángel Furci, ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), se conoció pocas horas antes del inicio del primer juicio oral y público en la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención y tortura Automotores Orletti. “El juicio significa para mí el momento culminante de cinco años de trabajo de investigaciones”, expresó el juez argentino Daniel Rafecas en entrevista con la diaria.

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Los 33

Los uruguayos que estuvieron detenidos en Orletti y que están incluidos como víctimas sobrevivientes en este juicio son María del Pilar Nores Montedónico, Washington Francisco Pérez, Jorge Washington Pérez, María del Carmen Martínez Addiego, Elizabeth Pérez Lutz, Jorge González Cardozo, Enrique Rodríguez Larreta (hijo), Raquel Nogueira Paullier, Enrique Rodríguez Larreta Piera, Cecilia Irene Gayoso, María Mónica Soliño Platero, Sara Rita Méndez, Asilú Maseiro, Ana Inés Quadros, Eduardo Dean Bermúdez, Margarita Michelini Delle Piane, Raúl Altuna, Edelweiss Zahn, Sergio Rubén López Burgos, José Félix Díaz, Laura Anzalone, María Elba Rama Molla, Ariel Rogelio Soto Loureiro, Alicia Raquel Cadenas Ravela, Ana María Salvo Sánchez, Gastón Zina Figueredo, Marta Petrides, María Elena Laguna, Beatriz Victoria Barboza Sánchez, Francisco Javier Peralta, Álvaro Nores Montedónico. Y como desaparecidos: Gerardo Francisco Gatti y Julio Rodríguez Rodríguez.

Rafecas responsabilizó a Furci por el secuestro y tortura de 67 personas que permanecieron detenidas en Orletti, y dispuso su procesamiento y prisión preventiva, que cumple en la Cárcel de Villa Devoto del Servicio Penitenciario Federal desde su detención, el 10 de mayo. El interrogatorio al que fue sometido ese día por más de seis horas no arrojó datos que permitan establecer el paradero de María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni, desaparecidos en Argentina el 27 de setiembre de 1976 tras su detención en Orletti, según transmitió Rafecas.

La hija de la pareja, Mariana Zaffaroni Islas, que entonces tenía 18 meses de edad, fue secuestrada y adoptada por Furci y su esposa, Adriana González. En junio de 1992, ambos fueron procesados y condenados por el juez Roberto Marquevich a siete y cuatro años de prisión, respectivamente, “por apropiación de una menor, sustitución de su identidad y falsificación de documento público”. En el marco de este juicio, Mariana recuperó su identidad y fue restituida a su abuela, María Ester Gatti, que la buscó durante 16 años.

Furci no aparece en la lista, por razones de tiempos legales, de los imputados en el juicio que se inicia hoy, pero lo estará en el segundo, cuya fecha aún no se conoce. En tanto, la desaparición de los padres de Mariana se investiga en la causa “Plan Cóndor” -una de las conexas a Orletti- junto con otros casos de uruguayos, como el de María Claudia García de Gelman. Sí figuran los argentinos Raúl Guglielminetti, Eduardo Alfredo Ruffo, Honorio Carlos Martínez Ruiz, Néstor Horacio Guillamondegui, Rubén Víctor Visuara y Argentino Eduardo Rodolfo Cabanillas.

El principio del fin

“Es el momento culminante de cinco años de trabajo de investigaciones, del impulso de los querellantes, del esfuerzo de los testigos y sobrevivientes, del juez instructor y del fiscal instructor. Con todo ese esfuerzo es que se llega al juicio oral y público que empieza mañana [por hoy] con mucha expectativa”, evaluó Rafecas.

Se enmarca en la megacausa “Primer Cuerpo del Ejército”, que investiga los delitos de lesa humanidad ocurridos entre 1976 y 1983 en lo que tiene que ver con la reconstrucción de la cadena y estructura de mandos de la época, y en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en los diferentes centros clandestinos. En esta segunda línea de acción se encuentra la instancia que arranca en esta jornada y que se focaliza en Automotores Orletti.

Con respecto al avance sobre la verdad de los hechos en el marco del proceso judicial, Rafecas opinó que “se pudo avanzar dentro de lo que es la verdad judicial con los derechos y garantías fundamentales de los imputados”. No obstante, reconoció que de los miles de desaparecidos argentinos “se pudo reconstruir perfectamente” la historia y recuperar el cuerpo de seis, entre ellos el de Marcelo Gelman, padre de Macarena. “Hay una parte de estas desapariciones sobre las que no tenemos jurisdicción. En esta causa, mi jurisdicción como juez termina cuando los cautivos subieron la escalerilla del avión y se fueron a Uruguay. Cuando el avión despegó perdí la jurisdicción. La investigación sobre quiénes, cuándo y dónde fueron asesinados los detenidos uruguayos que estaban en Orletti corre por cuenta de la justicia uruguaya”, señaló.

Esperanza de vida

En ese sentido se le consultó específicamente por la solicitud de investigar los crímenes del franquismo cometidos en España que los organismos de derechos humanos de ese país realizaron amparándose en el principio de Justicia Universal. “El fiscal Federico Delgado y la jueza federal [María] Servini de Cubría rechazaron el pedido de que se investiguen en Argentina los crímenes del franquismo, diciendo que España como Estado de derecho consolidado, con sus instituciones funcionando, está perfectamente en condiciones de llevar adelante estas investigaciones”, explicó.

Cuando se le preguntó sobre un hipotético caso de uruguayos que, impedidos de obtener justicia en su país por la vigencia de la Ley de Caducidad, recurran a los tribunales argentinos para obtenerla, respondió escuetamente sin inclinar la balanza: “Habría que estudiarlo en profundidad”. En 2006 Rafecas había pedido a Uruguay la extradición de militares uruguayos que prestaron servicio en Orletti para su juzgamiento: José Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Ricardo Medina, José Arab, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y Ernesto Soca.

Todos ellos están privados de libertad por delitos de lesa humanidad y algunos todavía sin condena. Las extradiciones (si se otorgan) no podrían concretarse hasta tanto no se hagan efectivas las condenas correspondientes (si se aplican) a los delitos por los cuales se los juzga, que varían entre los 25 y 30 años, lo cual hace suponer (dada su edad) que no serán juzgados en Argentina. Para entonces tendrían en el entorno de los cien años.

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