Hubo que esperar tres años y un largo rosario de desprolijidades y desinteligencias para que se comenzara a resolver el caso de la desaparición y muerte de Natalia Martínez en el este de Maldonado. En el atraso incidieron la falta de pericia y el exceso de pereza de los policías actuantes, que llegaron a ser acusados de violar los derechos humanos de sospechosos, y la torpe intervención de gran parte de la prensa, de un sector del público y de parte de la familia de la víctima.
La entonces jefa de Policía de Maldonado, Graciela López, aceptó “datos” aportados por videntes estafadores. Cuando aún no se había hallado el cuerpo, tres pescadores de Piriápolis sospechosos de la desaparición afirmaron que habían sido golpeados por agentes que los interrogaron en la Dirección de Investigaciones del departamento. Periodistas a cargo de la cobertura no dejaron de apuntar, hasta hace muy poco, contra un comerciante de Piriápolis, el último de los interrogados en haber conversado con Martínez cuando aún estaba viva. Desde la familia se llegó a pedir que lo hipnotizaran o le inyectaran pentotal para que revelara algo que desconocía. Luego de que cierta prensa sugirió, sin pruebas, que la muerte de la muchacha fue una vendetta por supuestos vínculos con narcotraficantes, comerciantes de armas y policías de su padre, Hebert Martínez, éste se suicidó.
Hubo que esperar tres años en los que se recurrió a la magia, al apremio ilegal y a la quemazón pública de sospechosos inocentes, y hasta de familiares y allegados a la víctima. Hubo que esperar tres años para que a algún sagaz agente se le ocurriera revisar la casilla de correo electrónico de Natalia Martínez. Hubo que esperar 44 años desde la invención del e-mail y 21 desde la creación de la world wide web para que algunos integrantes de la Policía uruguaya descubrieran internet. Así dieron con un hombre de 25 años que admitió haber estado con Martínez cuando murió y haberse desembarazado del cuerpo.
Sin embargo, el caso está lejos de su resolución. En primer lugar, por un principio legal básico: la presunción de inocencia. El procesamiento sólo abre el enjuiciamiento. En segundo término, porque la temeraria mediatización de la tragedia distorsionó su narración pública, y eso dificulta la tarea de esclarecerla.
La crónica roja solía referirse al caso como “asesinato”, “homicidio” y “crimen”. Pero los informes forenses contienen datos muy contradictorios al respecto. El médico Carlos Maggi indicó que no se hallaron evidencias de agresión, ni sexual ni de ningún tipo. Tampoco señales de lucha. Las ataduras fueron post mortem y para cargar el cadáver, según dijo al periodista Aureliano Folle, de “Víctimas y victimarios”, el programa de Canal 10 que brindó uno de los pocos panoramas serios sobre el asunto. Consultado por la causa de la muerte, el médico prefirió preguntarse “cuál no fue”. “No murió por traumatismo. No murió por arma de fuego. No murió ahogada. No murió estrangulada”, se contestó.
¿La Justicia puede calificar una muerte de “homicidio” sin haber determinado su causa? ¿Tiene los elementos de convicción suficientes que configuran la semiplena prueba requerida para un procesamiento por ese delito? ¿Acaso es tan contradictoria con las evidencias y testimonios la versión final dada por el hoy procesado: que Natalia Martínez convulsionó hasta morir y que él, en un acto de indecente cobardía, se sacó la muerta de encima? ¿Las evidencias, los testimonios y la confesión no alcanzaban para procesarlo por otros delitos, como vilipendio de cadáveres, muerte ultraintencional u omisión de asistencia? ¿O, llevándolas al extremo, por homicidio culpable (atribuible a imprudencia o impericia y sin intención) y no simple (es decir, intencional)? Estas dudas son compartidas por funcionarios del sistema judicial consultados por la diaria. De todos modos, la hipótesis del homicidio, sin “semiprobar” por ahora, podría consolidarse en el proceso.
Sólo a ciertos perversos les gusta la impunidad. No a la familia de Natalia Martínez, por supuesto. Pero su pretensión punitiva excluye la “muerte natural”, como dijo ayer su abogado Ignacio Berti, lo cual le cierra a la Justicia cauces de indagación. No hay aún verdad completa, no hay aún hipótesis descartables y no hay verdad sin justicia. El movimiento por los derechos humanos de Uruguay sabe mucho sobre eso. Su trayectoria no estuvo exenta de errores, que se corrigieron gracias a la investigación tenaz y concienzuda de familiares, activistas, periodistas y funcionarios judiciales. Porque impunidad no es el único antónimo de justicia. También lo es el exceso de castigo, el encarnizamiento. Que el juez, presionado por aquellos de afuera que son de palo y palo, termine cobrando para satisfacer a la tribuna.