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Heber Gatto, Sergio Abreu y Juan Gabito Zóboli, anoche, en la UCUDAL.

Foto: Javier Calvelo

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Gobierno faltó a la cita en coloquio en el que Lacalle reclamó firmeza con Argentina.

José Mujica y Cristina Fernández mantendrán en Anchorena el segundo encuentro luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. El mandatario uruguayo ha manifestado que entre los 27 temas incluidos en la agenda bilateral, el del corte del puente General San Martín “es lo de menos”. Ayer el líder del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, consideró que el presidente debe ser “todo lo firme que nos permita nuestra posición” y señaló que si a ese tema “le quitamos importancia estamos devaluando lo que es la posición del país”.

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El senador herrerista aclaró que no le gusta “dar lecciones y menos indicaciones al presidente”, pero manifestó su discrepancia con la postura que ha tomado Mujica respecto del corte del puente que conecta Fray Bentos con Gualeguaychú. “Discrepo con que no le dé importancia a lo que es la violación de la Constitución argentina y del Tratado de Asunción, y que tiene un laudo arbitral del Tribunal del Mercosur diciendo que es ilegal”, afirmó ayer Lacalle, quien reclamó que Argentina  “unilateralmente y cuanto antes tiene que proceder a ejercer el poder del Estado en Argentina”, obligando a levantar el piquete.

Las declaraciones fueron a la salida de la mesa redonda “Después de La Haya”, organizada por el Instituto herrerista Manuel Oribe (IMO),y en la que participaron los delegados de la oposición que concurrieron a recibir la sentencia; los senadores Ope Pasquet (Partido Colorado) y Sergio Abreu (Partido Nacional), y el abogado Heber Gatto (Partido Independiente). Aunque estaba invitado el ex canciller Pedro Vaz, que encabezó la delegación en nombre del gobierno, el presidente del IMO, Juan Gabito, aclaró que en la tarde le comunicaron que no podía concurrir.

Vamo y vamo

La mesa estaba servida para la oposición, aunque en los aspectos generales de la evaluación de la sentencia hubo coincidencias con la postura oficialista. Partiendo de la base de que el fallo de la Corte se dividió en dos partes, la procesal -referida a los pasos que Uruguay no cumplió, al no notificar formalmente de la construcción de la planta de celulosa a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)-, y la parte sustancial -que refiere a si la obra contamina o no el río-, todos coincidieron en que la violación formal de la que se acusa a Uruguay “no fue demasiado grande ni relevante”, en palabras de Pasquet, y que en cambio sí es de destacar la ratificación, por parte del organismo internacional, de que Uruguay “ha cumplido con los requisitos del desarrollo sustentable”, según los términos usados por Abreu.

Sobre el papel que deja el dictamen a la CARU, Pasquet recordó una frase usada por Héctor Gros Espiell, “la Corte está enamorada de la CARU”, y matizó esa postura: “Sabemos que en los hechos la CARU no ha tenido ese papel de tanta importancia, y porque tenemos presente que es un organismo de carácter intergubernamental, y no de carácter supranacional, así que no le pidamos a la CARU lo que la CARU no puede dar”, señaló el senador colorado, agregando que su operativa siempre va a depender “del estado de las relaciones entre Uruguay y Argentina”.

Otro de los temas planteados en la mesa redonda fue cómo ejercer el monitoreo del río Uruguay, en días en que las delegaciones uruguaya y argentina que integran la CARU no logran alcanzar una propuesta de acuerdo respecto del tema. Pasquet propuso como criterio la posibilidad de tener “normas equivalentes” referidas a la protección ambiental y afirmó que esta voluntad está presente en el Estatuto del Río Uruguay. “Si nos exigen algo a nosotros, exijamos nosotros criterios equivalentes del otro lado, y si esos criterios no se aplican, pues entonces creo que no se tienen títulos para exigirnos a nosotros la aplicación de ellos”, resumió.

Medio derecho

La intención de monitorear el desempeño ambiental de UPM (ex Botnia) desde dentro de la planta “hace rato viene planteada por Argentina”, agregó Abreu, que dijo que la intención no es “evitar la contaminación, sino que determinados actores -en especial los de Entre Ríos- puedan tener razón al decir que el proceso productivo no tiene correspondencia con lo que se supone que son los criterios ambientales” y así “impugnar” el funcionamiento de UPM. “Lo que perdí en la cancha lo quiero ganar en la liga”, graficó.

Respecto del corte de ruta, Abreu manifestó una postura similar a la de Lacalle: “Después de las concesiones y las tolerancias que hemos tenido, por lo menos que cuando se reúnan los dos presidentes la presidenta de Argentina no tolere que se le demande, y además se le desafíe, diciéndole que poco importa el derecho para los propios argentinos”. Abreu destacó que ya hay un laudo arbitral del Mercosur “que dice que los cortes son ilegales; una sentencia de La Haya, una responsabilidad política de Argentina, de incumplimiento de determinados derechos humanos básicos como la libre circulación”, y agregó la cuota parte de Brasil en el conflicto: “Y hay una responsabilidad política de Brasil, ribereño en el norte del río Uruguay con Argentina, que sin embargo ha decidido que cuando se trata de disciplinar a Argentina, antes de darle la razón a Uruguay prefiere mirar para un costado y decir ‘infelizmente é bilateral’”.

Quien no quiso involucrar a Brasil, pero en este caso en el Estatuto del Río Uruguay, fue Pasquet, quien dijo por un lado que no es conveniente discutir ahora una eventual modificación del Estatuto, y que “no sería adecuado promover la incorporación de Brasil al Estatuto”. El senador colorado señaló que es necesario “insistir” en el Mercosur por la adopción de protocolos medioambientales, como un aspecto relevante para la radicación de inversiones. “Parece obvio que si los estándares son muy exigentes en un sitio y pueden no serlo en otros se está facilitando la radicación de inversiones en ese segundo lugar”, concluyó.

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