Se trata del primero que le tocó analizar al presidente José Mujica. La información fue confirmada a la diaria por el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, quien explicó que la resolución se tomó teniendo en cuenta el “marco temporal” establecido por la norma, es decir, que el militante del 26 de Marzo Roberto Tito Gomensoro Josman desapareció el 13 de marzo de 1973, tres meses antes del inicio formal de la dictadura.
“Éste es un momento esperado. El Poder Ejecutivo había adelantado que continuaría aplicando la ley con los criterios de la administración anterior, por lo tanto no teníamos ninguna duda de que la decisión sería la exclusión”, señaló a la diaria el abogado de la causa, Guillermo Paysée.
La investigación judicial por el destino de Gomensoro había sido frenada al amparo de la Ley de Caducidad en 1988 por el entonces presidente Julio María Sanguinetti. Paysée recordó que aquella decisión se basó en el informe que había elaborado un fiscal militar en funciones, el coronel José Sambucetti, que alegaba que no se habían hallado “evidencias de la participación de las fuerzas militares o policiales en el hecho de la desaparición”. La nueva consulta al Ejecutivo se concretó a la luz de los nuevos elementos que fueron surgiendo de la investigación judicial llevada adelante en Paso de los Toros, principalmente la identificación del cráneo de Gomensoro en 2002. Emilio Laca, el médico forense que realizó la autopsia del cuerpo, encontrado el 18 de marzo de 1973 flotando en el lago de Rincón del Bonete, aún conservaba la pieza ósea.
La solicitud a Presidencia fue cursada desde el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paso de los Toros -a cargo de la jueza Lilián Elorriburu y la fiscal Angelita Romano- y allí deberá llegar la resolución del Poder Ejecutivo, a través de la Suprema Corte de Justicia, adonde fue enviada en la tarde de ayer. Paysée explicó que una vez que llegue al juzgado, habrá que esperar el pronunciamiento de la fiscalía, “que ya está en condiciones de poder resolver” si corresponden los procesamientos, algo que, según estima, quedará para después de la feria judicial de julio.
El trámite de la primera exclusión de la Ley de Caducidad concluye el mismo día en que Mujica volvió a referirse a la reconciliación y la “convivencia pacífica” con las Fuerzas Armadas, una vez más en la audición radial de M24. El 27 de abril, el presidente había llamado a “armar la convivencia” horas antes de que delegados de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos le pidieran hacer uso de la cadena nacional para difundir la convocatoria a la 15ª Marcha del Silencio, que llevó como consigna “Sin la verdad y sin la justicia no hay reconciliación”.
Ayer Mujica consideró que a los familiares de desaparecidos “no se les puede pedir que concilien” con esos hechos y consideró “lógica” su inquietud por saber la verdad. E insistió en que es preciso “aprender a convivir con todas las diferencias”, lo cual “no significa renunciar a nada”.