La propuesta surgió de la Unidad de Ciencia y Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Udelar con el objetivo de fomentar el debate en la sociedad civil. Según explicó una de las coordinadoras del Juicio Ciudadano, Ana Vázquez, la posibilidad de que Uruguay instale una planta de generación de electricidad a partir de energía nuclear “es un tema que está siendo considerado en el ámbito técnico y político, y nos pareció un excelente momento para tratarlo” mediante este mecanismo.
El juicio ciudadano o conferencia del consenso se concretará con un jurado integrado por 15 miembros, quienes, luego de dos instancias preparatorias en agosto y setiembre, realizarán el 16 y 17 de octubre interrogatorios a expertos vinculados al tema. Un día después darán su veredicto. Sin embargo, Vázquez puntualizó que la palabra juicio “no es un término muy exacto” para definir la actividad, ya que no se trata de “enjuiciar” el tema sino de que los ciudadanos “puedan consultar y elaborar una lista de sugerencias que son las que después vamos a elevar al poder político”.
El jurado, que ya fue seleccionado entre un total de 150 postulantes, se integró según criterios demográficos (la mitad son de Montevideo y el resto de los demás departamentos) y tomando en cuenta variables como nivel educativo, ocupación y edad, además de las razones que expresaban los candidatos. “Buscamos llegar a un grupo lo más neutral posible en cuanto a la motivación, para que no hubiera preconceptos o motivaciones fuertes, polarizadas, a favor o en contra”, explicó Vázquez.
Además, el proyecto contará con un comité asesor, compuesto por referentes de las distintas visiones que existen en torno al tema, e incluso por representantes políticos. Dicho grupo será el encargado de elaborar la información previa que recibirá el jurado y sugerir la lista de “expertos” o estudiosos del rubro, a consultar durante el juicio.
Sobre la “sentencia”, Vázquez señaló que difícilmente se llegue a un juicio de “sí o no a la energía nuclear”, sino más bien a una serie de recomendaciones o preocupaciones. Uno de los objetivos del proyecto, después del juicio, es la presentación de los resultados a los distintos actores políticos involucrados en el proceso de toma de decisiones, en particular a la comisión multipartidaria creada en 2008 por el gobierno de Tabaré Vázquez para analizar la conveniencia de instalar una planta de generación de electricidad a base de energía nuclear.
Por la nuestra
En Dinamarca, donde comenzó a aplicarse esta modalidad, los resultados de los juicios ciudadanos son vinculantes y se utilizan como insumos en las discusiones parlamentarias. Aquí en Uruguay, y en base a las primeras consultas hechas a referentes políticos en la materia, no se espera que esta primera experiencia tenga incidencia en el proceso de decisión. El director de Energía, Ramón Méndez, dijo que si bien la iniciativa de la Udelar “tiene un valor por sí mismo”, los resultados “no van a ser un insumo” para la comisión de energía nuclear. “Nadie va a tomar nada”, graficó.
Méndez, que a su vez preside la comisión multipartidaria, contó que ve “con simpatía” la idea del juicio ciudadano, porque en el proceso de toma de decisión sobre iniciar o no un programa nuclear “un elemento central es qué piensa la ciudadanía. Es importantísimo transmitirle la información adecuadamente a la gente y poder satisfacer sus inquietudes para que pueda participar en el momento en que se la invite a hacerlo”.
Sin embargo, le preocupa que el abordaje sobre el tema sea simplista. “No importa qué es lo que salga, pero que simplemente luego de un fin de semana se junten 15 ciudadanos, hagan un conjunto de preguntas y que a partir de eso se pueda llegar a cualquier tipo de resolución en relación con la energía nuclear nos parece tremendamente sorprendente y simplificador del tema”, afirmó el jerarca. “Aspiramos a que Uruguay no sea un país en el cual la decisión se tome al grito de la tribuna”, agregó. Aunque reconoció que los juicios ciudadanos “funcionan muy bien en Dinamarca”, también remarcó que el contexto en el país nórdico es “totalmente diferente: hay mucha más información en la gente y los temas son previamente discutidos, y no creo que sea el caso de la energía nuclear en el país”.
Otros integrantes de la comisión multipartidaria manifestaron una opinión similar. Ruperto Long, representante del Partido Nacional, afirmó que aunque todos los ciudadanos tienen “derecho a tomar las acciones que entiendan necesarias”, los resultados del juicio “difícilmente sean tenidos en cuenta” para el trabajo de la comisión: “Tenemos que seguir un protocolo muy complejo y vasto que establece la Agencia Internacional de Energía Atómica [AIEA]”, señaló. Uno de los representantes del Partido Colorado, Álvaro Bermúdez, dijo que no conoce los detalles de la iniciativa.
Piano, piano
Méndez reivindicó el trabajo de la comisión creada en 2008, que el martes reinició su trabajo con la presencia del ministro de Industria, Roberto Kreimerman. Con el asesoramiento de la AIEA, la comisión tiene trazado un cronograma de trabajo de aproximadamente dos años, que abarcará el estudio de 19 “grandes temas” vinculados a aspectos medioambientales, de seguridad, tecnológicos, económicos, financieros y el involucramiento de la ciudadanía, entre otros. En total, la comisión debería realizar cerca de 50 estudios, estimó Méndez, y requerirá de rubros, ya incluidos en el próximo presupuesto, para la contratación de profesionales.
El director de Energía ratificó que hasta que no concluya el trabajo de la comisión el gobierno no tomará la decisión de derogar el artículo 27 de la ley 16.832, que prohíbe el uso de la energía de origen nuclear y la compra de energía eléctrica generada en base a plantas nucleares extranjeras que contaminen el territorio nacional.
“Nos apegamos a nuestro camino de seriedad para discutir el tema y naturalmente recién al final de este camino es que podremos tener como país, las fuerzas políticas, el gobierno y la ciudadanía -a quien seguramente se la va a consultar de alguna forma- una decisión a favor o en contra de la iniciativa”, concluyó.