Los gobiernos de Argentina y Uruguay tienen intención de anunciar el acuerdo sobre el monitoreo conjunto del río Uruguay durante la cumbre del Mercosur que se realizará en San Juan, el 2 y 3 de agosto. En la cancillería uruguaya se maneja a nivel extraoficial que Argentina responderá a la contrapropuesta de nuestro país con otra, por lo cual los plazos para sellar el compromiso común podrían extenderse.
“La pelota está en su cancha, son ellos los que tienen el problema”, afirman en el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, en donde reina una sensación de tranquilidad. Es que, por un lado, el proyecto argentino no cambiaba “sustancialmente el control ambiental sobre el río Uruguay” y nuestro país propuso, en cambio, “profundizar en la parte tecnológica y medioambiental”. Y por otro, Uruguay accedió a realizar un monitoreo conjunto del río que incluya un control interno de la planta de celulosa de UPM (ex Botnia), a cargo de científicos de universidades públicas de ambos países y coordinado por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
Pero a cambio pidió reciprocidad en la ribera argentina. “Ellos lo aceptan porque está en la tapa del libro que se va a pedir una medida espejo. Pero tienen un problema porque Argentina está atrasada en la normativa medioambiental y tiene empresas atrasadas en términos tecnológicos. En UPM se puede hacer porque no hay nada que esconder”, explicó una fuente de cancillería a la diaria.
El gobierno uruguayo es consciente de esta situación pero no quiere que esto dificulte la negociación. La solución que se maneja es alargar los plazos para el comienzo de las inspecciones, tanto de UPM como de otras empresas instaladas en la otra orilla, con el objetivo de darle tiempo al vecino país para que “se adecue a la normativa internacional”. Al mismo tiempo, en el acuerdo quedará explícita la disposición de ambos gobiernos a dotar de mayores recursos humanos, financieros y de infraestructura a la CARU, así como a actualizar la normativa y adquirir nuevas tecnologías para que el organismo pueda cumplir con su tarea de fiscalización. Esto también “ayudará” a dilatar los plazos.
Las fuentes indicaron que se aguarda para la semana próxima o para la siguiente una nueva contrapropuesta, esta vez de Argentina, que reclamará un control “menos abarcativo” y manifestará “algunas diferencias, pero no de fondo”. El canciller, Luis Almagro, dijo ayer a la prensa que los contactos con el vecino país son “permanentes” y que “hay avances”, pero que aún “está pendiente la respuesta de Argentina”. Sostuvo, por otra parte, que nuestro país no introdujo “muchos cambios” a la propuesta inicial argentina.
Para la cancillería uruguaya, este camino servirá para “diluir el conflicto” y evitar un nuevo corte de ruta, aunque no se vislumbran avances sustanciales en cuanto al control medioambiental, según las fuentes. Los esfuerzos en esta materia se centrarán en las discusiones a nivel del Mercosur, que tiene aprobado un convenio marco sobre medioambiente pero no cuenta con protocolos específicos, salvo un protocolo sobre emergencias medioambientales. La próxima reunión de ministros de Medio Ambiente del Mercosur será el 30 de julio en Argentina.