Uruguay recibirá hoy a la selección de fútbol mientras le arde en el alma el incendio que mató el jueves de madrugada a 12 presos en la cárcel de Rocha, la peor catástrofe de derechos humanos desde la restauración democrática en 1985. La pena se ahonda por el efecto acumulativo de tragedias anteriores, en especial el fallecimiento de cinco reclusos en Santiago Vázquez en agosto pasado, en su caso tras encender colchones en una protesta. Ahora fue un accidente, aunque de los muy previsibles.
En los dos últimos partidos de Uruguay en el Mundial, todo un país contuvo la respiración y liberó las lágrimas viendo cómo los jugadores luchaban sin cesar hasta el final para terminar perdiendo. Ese espíritu reconcilió al público con su selección: el fútbol es un juego y este mes también resultó una lección de dignidad, de orgullo, de trabajo grupal y a largo plazo. Con la política carcelaria pasa algo similar. Desde que gobierna el Frente Amplio hubo buenas intenciones y algunos logros. La diferencia es que los goles en contra son vidas truncadas.
El hoy ex presidente Tabaré Vázquez declaró el 1º de marzo de 2005, su primer día de gobierno, el “estado de emergencia humanitaria” en las prisiones. Se sucedieron luego la aprobación de la Ley de Humanización de Cárceles ese mismo año, la designación del Comisionado Penitenciario Parlamentario, la construcción de módulos y, en mayo, el envío del proyecto de emergencia carcelaria, que el Senado tal vez apruebe mañana. Estas dos administraciones frenteamplistas fueron las primeras desde 1985 en integrar la calidad de vida de los presos a sus políticas de seguridad y de derechos humanos. Pero no ha sido suficiente. Y a mitad de camino entre el “buscar responsables políticos no sirve para nada” del ministro Eduardo Bonomi y el “todos somos responsables” del intendente rochense Artigas Barrios hay responsabilidades ciertas y concretas, de diverso grado. Están en el Estado y es preciso señalarlas. Por lo menos para aprender de los errores y corregirlos cuanto antes. Una vida ya es demasiado cara. ¿Qué decir de las cinco de agosto pasado y las 12 del jueves? ¿Y de las 79 muertes violentas registradas en las cárceles en estos 18 meses, según el cálculo de Álvaro Garcé, el comisionado parlamentario?
Garcé dijo que en la cárcel de Rocha había dos extintores de incendios, ambos sin carga. El cuartel departamental de Bomberos había advertido en setiembre que hacían falta seis. Muchos edificios públicos carecen de habilitación de Bomberos, pero en una cárcel vive gente. No se trata de un simple trámite. En el país que prohíbe el SUN, los presos se mueren por calentarse en invierno con un rulo de metal sacado quién sabe de dónde, enchufado a la vetusta instalación eléctrica y con un ladrillo encima, en medio de camas de madera separadas con frazadas. ¿Ni el jefe de la cárcel ni la Jefatura de Policía rochense pueden disponer la compra de extintores, ordenar un gasto de unos pocos miles de pesos? Capaz que esto no tuvo nada que ver con el incendio.
En el módulo ahora carbonizado, de siete metros por cuatro, vivían 20 presos. Garcé informó el año pasado que 44,25% de los 174 reclusos en Rocha eran procesados sin condena, o sea, inocentes a los ojos de la ley. Hacer la regla de tres, discriminar con números entre “muertes de inocentes” y “muertes de culpables”, es un ejercicio irrespetuoso y perverso. No lo sería para la Justicia reflexionar si en el hacinamiento asesino incide la frecuencia con que dicta la prisión de procesados por delitos leves y de escasa peligrosidad, que podrían afrontar el juicio en libertad. Capaz que esto tampoco tuvo nada que ver.
A la hora en que se desató el fuego trabajaban en la prisión ocho funcionarios, según Garcé, o tres, según el Sindicato Único de Policías. En el mejor de los casos, uno cada 21 presos. “Te dan pastillas y dan pastillas, nada más”, dijo un recluso. A tanto llega la falta de personal que a veces se autoriza a algún reo de buena conducta a hacer fuera de la cárcel compras de almacén para sus compañeros. Y los policías, además de ser pocos, tienen sueldos bajísimos. Capaz que esto también es irrelevante en la búsqueda de una explicación.
La cantidad de presos siguió creciendo mientras avanzaba con lentitud la construcción de locales para alojarlos. Las obras se aceleraron cuando el relator de las Naciones Unidas sobre Tortura, Manfred Nowak, calificó en marzo de 2009 las condiciones de reclusión de “infrahumanas”. Esas obras concluirían en el segundo semestre de este año, pero el actual gobierno presentó a fines de mayo el proyecto de emergencia, pues el hacinamiento empeora más allá de lo previsto. Capaz que el desfasaje entre la urgencia de los discursos y la morosidad en las concreciones no sirve para determinar por qué mueren los presos.
Capaz. O capaz que todas estas cosas, y otras más, tuvieron un poco que ver. O mucho. El equipo está fallando. Capaz que hay que pensar todo de vuelta, antes de que se acabe la fe pa’l segundo tiempo.