Discuto, luego presupuesto
Salsamendi informó que la creación de un Instituto Nacional de Rehabilitación no estará contemplada en el presupuesto quinquenal. Señaló que la idea del INAU es generar este año un debate amplio sobre el sistema de rehabilitación juvenil que involucre a los partidos políticos, al Poder Judicial y a las organizaciones sociales, con las Naciones Unidas como facilitadoras. Luego de la discusión se impulsaría “un proyecto que le dé realidad presupuestal”, acotó. Se buscó esta solución ya que, a juicio del jerarca, “en este momento no hay condiciones para debatir seriamente qué es lo que se pretende”.
Los matices entre la gestión de Eduardo Bonomi y la de sus antecesores refieren, por ejemplo, a la relevancia que se le da al Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. Tourné hizo notar que el organismo no ha actualizado las cifras de delitos desde el período pasado. Su director, Rafael Paternain, informó a la diaria que el monitoreo y la producción de estadísticas se mantienen, que se han hecho informes internos y que se cuenta con “plena autonomía técnica”. No obstante, las autoridades todavía no decidieron publicar las estadísticas ni hacer presentaciones públicas, como se estilaba en la administración pasada.
Por otra parte, el Partido Socialista (PS), al igual que la mayoría de los sectores del Frente Amplio (FA), no está de acuerdo con utilizar los antecedentes penales de niños y jóvenes. El ministerio pretende que a la hora de decidir la libertad anticipada de los presos se tenga en cuenta si cometieron delitos graves como menores, aunque la legislación vigente no permite que esos datos sean usados con ese fin. “Queremos consultar al INAU si se los puede soltar”, resumió Bonomi, al tiempo de reconocer que existen “discrepancias” dentro del FA. Aclaró que “no hay nada elaborado, en absoluto”, y apuntó que no se trata de “recuperar” los antecedentes sino de instrumentar un mecanismo de consulta.
Para Tourné, cualquier medida de este tipo requiere una modificación del Código de la Niñez y va contra los convenios internacionales firmados. “No estoy de acuerdo. La gente siente que los muchachos son impunes, pero no lo son, hay legislación especial. Nos parece que el problema es de gestión de la reclusión, para que realmente cumplan las penas y se rehabiliten”, manifestó. En ese sentido, advirtió que hay que “crear y presupuestar” el Instituto Nacional de Rehabilitación acordado en la comisión multipartidaria de seguridad (ver recuadro).
Javier Salsamendi, presidente del INAU, dijo a este medio que el directorio no ha analizado “absolutamente ninguna modificación al Código de la Niñez en estos temas”. “En principio, creemos que hay que avanzar hacia un sistema de responsabilidad penal juvenil que funcione bien”, remarcó.
Militares a lo suyo
Otro de los “matices” fue explicitado por el PS ante la bancada del FA. Tiene que ver con el proyecto que propone que el control de ingreso a las cárceles quede a cargo de militares. La Cámara de Diputados discutirá en los próximos días la iniciativa, pero Tourné adelantó que su partido “tiene reparos”. “Por disciplina vamos a votar el proyecto, pero vamos a hacer observaciones”, anunció. El PS propone que la función quede a cargo de Coraceros y de la Guardia Metropolitana.
Bonomi había concurrido el lunes a la Mesa Política del FA para dar un informe sobre las medidas tomadas e impulsadas hasta el momento por su cartera. Consultado por la diaria respecto a si identifica diferencias entre la línea de este ministerio y la de los anteriores, señaló que “la política es la misma”, pero agregó que “el problema es que la política social no la lleva adelante el Ministerio del Interior”. “Lo que sí queremos es que en las cárceles se tenga la posibilidad de recuperar a la gente para insertarse socialmente y para que no vuelva a cometer delitos. Nosotros tenemos que diseñar las políticas de seguridad. Que tengan en cuenta los problemas sociales, sí, pero el que cree que uno tiene que hacer todo, está equivocado”, indicó. Y consideró que el enfoque no es “ni más ni menos represivo” que en administraciones anteriores. “Solamente decimos cuál es nuestro papel”, recalcó.