Desde que se aprobó la ley de casamiento homosexual en el Distrito Federal (DF) mexicano, hace cinco meses, se casaron 640 parejas, que hasta ayer perdían su reconocimiento como tales cuando salían de la zona capitalina. Esta situación terminó con un dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), adoptado por nueve votos a favor y dos en contra. “En cada estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros”, estableció la interpretación del tribunal.
De inmediato se activó otro debate entre los magistrados de la SCJN, sobre la adopción y otros derechos civiles que puede incluir, o no, el matrimonio.
El diario mexicano La Jornada indicó, invocando fuentes judiciales, que la mayoría de los magistrados apoya la legislación capitalina que permite las adopciones por parte de parejas homosexuales. La decisión de la SCJN sobre el tema podría darse hoy, aunque es unánime respecto a que, si hay desacuerdos sobre la aplicación de la norma capitalina en otro estado -sobre adopciones, pensiones alimentarias o patria potestad, por ejemplo-, los tribunales deberán definir en cada caso.
Margarita Luna Ramos, una de las juezas de la SCJN, precisó, según La Jornada, que si bien un matrimonio entre personas del mismo sexo no puede ser declarado inválido en otro estado, “si solicita una adopción, entonces tendrá que regirse de acuerdo con el Código Civil del estado en el que realiza el trámite”.
Según informó el diario mexicano Milenio, esto dará lugar a recursos de amparo cuando una pareja casada en el DF no vea reconocido algún derecho que entiende le corresponde.
En Costa Rica no existe una ley que permita el matrimonio homosexual, pero sí un proyecto de ley que legalizaría la unión civil entre personas del mismo sexo. Hasta el martes estaba amenazado por una consulta popular impulsada desde la Iglesia Católica y grupos evangélicos a través del Observatorio Ciudadano por la Vida y la Familia, pero un fallo de la Sala Constitucional IV de la Corte Suprema anuló, por discriminatoria, la posibilidad del referendo, que estaba previsto para diciembre. Se habían recolectado 150.000 firmas autorizadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para hacer una consulta popular, pero el fallo no sólo anuló esa decisión sino que también instó al presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, a abstenerse de incurrir de nuevo “en tales conductas”, indicó el diario costarricense La Nación. El documento también afirma que las parejas homosexuales constituyen “un grupo en desventaja y objeto de discriminación, que precisa del apoyo de los poderes públicos para el reconocimiento de sus derechos constitucionales”.
La Sala Constitucional entiende que no se pueden someter al juicio de una mayoría los derechos de una minoría, y que la Constitución no permite usar ese mecanismo de consulta para decidir sobre derechos humanos.
Luego del fallo, el abogado que redactó el recurso de amparo contra el referendo declaró que la lucha “ahora es en el Congreso, diputado por diputado” y agregó en entrevista con La Nación que la decisión de la Sala Constitucional “es un voto histórico” en materia de derechos humanos, tanto para su país como para el conjunto de América Latina. El proyecto de ley, que está en discusión desde 2006, autoriza las uniones entre personas del mismo sexo ante los juzgados, regulando la eventual separación de esas parejas y la fijación en tal caso de pensiones alimentarias.
En Estados Unidos, el viernes pasado la comunidad homosexual registró otra victoria en materia de uniones, pero los casamientos aún están suspendidos. El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, y el fiscal general de ese estado, Jerry Brown, presentaron ese día una moción ante un tribunal federal pidiendo que se reanuden inmediatamente los matrimonios homosexuales, suspendidos hasta el fallo de la Corte Federal de Apelaciones.