Incoherencias nada menores

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• “El presidente José Mujica dijo la semana pasada que “a los 16 años un jovencito ya […] tiene edad para discernir”, por lo cual la ley podría habilitarlo a votar, a trabajar y a casarse sin autorización adulta, entre otros derechos. El presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Lacalle, aprovechó para ampliar el foco de discernimiento: quien tiene entre 16 y 18, según él, conoce la diferencia “entre lo correcto y lo incorrecto” y, por lo tanto, debe ser imputable ante la Justicia Penal si comete un delito. El año pasado, el ex presidente había usado el argumento inverso para la misma propuesta: “Esos muchachos son fruto de una sociedad que ha cambiado mucho y muchas veces no conocen ni el mal, pero tampoco por eso los podemos dejar que aterroricen a la población”. Imputables porque disciernen, imputables porque no.

• Para Lacalle, “la presencia mayoritaria de menores” de edad entre las causas de la inseguridad pública constituye “una emergencia nacional”. Los últimos datos disponibles del Poder Judicial, procesados el año pasado por Unicef, pintan un panorama muy distinto: de 46.464 casos presentados por la Policía a la Justicia Penal en 2007, apenas 2.122 implicaban a adolescentes.

• Dirigentes de todos los partidos, incluso del Frente Amplio, postulan la imputabilidad penal desde los 16 años (el líder colorado Pedro Bordaberry baja la apuesta a 14), aunque con un sistema judicial y centros de reclusión separados de los correspondientes a los adultos. Pero cualquier habitante de este país es responsable desde los 13 por los delitos que pueda cometer. Antes de los 18, la Justicia es una y después de esa edad es otra. También las prisiones. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre esas propuestas y la situación actual, más allá del nombre de las instituciones competentes? ¿No convendría asegurar que las ahora existentes funcionen bien?

• Desde los noticieros televisivos suele endilgarse el carácter de “menor” a los “desconocidos” que cometen rapiñas, arrebatos o hurtos. Los que aseveran esto son, con frecuencia, las víctimas de esos delitos, sus testigos más directos. Pero, ¿cómo saben la edad de sus victimarios? ¿Acaso esgrimen la cédula de identidad con una mano y un arma con la otra?

• Cierta sabiduría popular ataca a los jueces que liberan a menores detenidos por supuestas infracciones. Unicef y la organización no gubernamental Defensa de Niñas y Niños Internacional atribuyeron en 2003 las presuntas omisiones a policías y denunciantes: alrededor de 70% de los adolescentes remitidos ni siquiera fueron reconocidos por víctimas y testigos, y apenas 20% pasaron por la Comisaría de Menores antes de ser conducidos al juzgado, como ordenan los reglamentos del Ministerio del Interior.

• Los próceres de la imputabilidad consideran que la aparente impunidad alienta a los menores de edad al delito. Si fuera así, buena parte de estos infractores dejarían de delinquir al llegar a la adultez. Eso, por desgracia, no sucede. “Existe una especie de carrera tumbera que empieza muchas veces por los hogares del INAU, sigue por las cárceles más blandas y termina en las más duras, como el Penal de Libertad”, dijo el mes pasado a Crónicas Económicas el comisionado parlamentario Álvaro Garcé.

• Otra propuesta, formulada por Lacalle y compartida por el senador frenteamplista Jorge Saravia, es “enderezar” al menor que cometa delitos con “deporte y disciplina militar”. Tal vez el INAU esté fracasando en su función rehabilitadora y educativa, pero no puede esperarse un desempeño mejor de las Fuerzas Armadas, institución donde revistan, activos o en influyente retiro, los peores violadores de los derechos humanos de la historia de este país, muy pocos de los cuales han sido procesados por la Justicia.

• El artículo 26 de la Constitución prohíbe que “las cárceles sirvan para mortificar” y establece que su función es “sólo asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. Esto no se aplica en los centros de reclusión de Uruguay, ni en los de adultos ni en los de menores. Parte de la responsabilidad corresponde a la actual oposición, que desde el gobierno promovió el hacinamiento y el caos en las prisiones al aprobar el endurecimiento de penas y la creación de nuevos delitos. La rebaja de la edad de imputabilidad sumaría aun más dificultades a la gestión carcelaria, las cuales agravarían la inseguridad pública. Sin embargo, 70% de los entrevistados en noviembre por la encuestadora Equipos Mori estuvo de acuerdo con ampliar la imputabilidad, 28% hasta los 16 años y 42% hasta los 14. Por más impredecible que resulte el destino de estas iniciativas en el Parlamento, los políticos que las presentan ya disfrutan el aplauso de la tribuna. Un aplauso con manos bien duras.