Tras la exclusión por parte del Poder Ejecutivo de la Ley de Caducidad, la fiscal Angelita Romano pidió el procesamiento de los militares José Nino Gavazzo y Juan Carlos Gómez en calidad de coautor y autor, respectivamente, por el homicidio especialmente agravado de Roberto Tito Gomensoro Josman. Su caso fue el primero en ser separado de la norma en cuestión durante la administración del presidente José Mujica, sobre la base de que el asesinato se produjo en marzo de 1973, antes del inicio formal de la dictadura.
La jueza Lilián Elorriburu, a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paso de los Toros, dictará sentencia este mediodía, pero según información recabada por la diaria, todo indica que hará lugar al pedido de la fiscalía. Gavazzo fue trasladado desde la cárcel montevideana de Domingo Arena a Tacuarembó, donde ayer prestó declaraciones en calidad de indagado. En tanto, por orden de la magistrada Gómez, quien vive en ese departamento, fue detenido por la Policía y conducido al juzgado para ser interrogado por primera vez. Gavazzo ya había comparecido en esta causa, pero en 2009 y en calidad de testigo, oportunidad en la que reconoció que tomó declaraciones a los presos del Batallón Nº 3 de Paso de los Toros, donde permaneció detenido Gomensoro, pero no recordaba nada relacionado con él. En tanto, Gómez, acusado de ser el asesino del militante del 26 de Marzo, tenía en ese momento un cargo jerárquico en esa unidad militar.
“Me parece extraño todo esto. Porque era una cosa de no terminar. Pasaron 37 años y en poco tiempo supimos que las cosas habían sido de otra manera”, dijo en diálogo con la diaria Marta Gomensoro, hermana de Roberto, que junto con el abogado Guillermo Paysée realizó el seguimiento del caso. El 9 de junio de 1985 la madre de Roberto, Marta Josman, había radicado una denuncia, pero ésta no prosperó al ser incluida en la Ley de Caducidad en 1987 por el entonces presidente, Julio María Sanguinetti. En aquel momento, el Ejecutivo apoyó su decisión en el informe de un fiscal militar en funciones, el coronel José Sambucetti.
Elorriburu decidió realizar una nueva consulta al Ejecutivo tras la aparición de nuevas pruebas, por ejemplo, la confirmación de que la muerte no había ocurrido en La Paloma sino en Tacuarembó. Gomensoro desapareció el 13 de marzo de 1973 y su cuerpo apareció flotando en el lago de Rincón del Bonete cinco días después, cerca del Batallón Nº 3. En 2001, y en el marco de una investigación del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) sobre cinco cuerpos no identificados, entre los que podía hallarse el de Gomensoro. En la tumba donde se suponía que había sido enterrado como NN el 20 de marzo de 1973, había restos óseos de un niño. Además, en el cementerio de Tacuarembó no existía constancia de que el cuerpo hubiera sido exhumado.
Ante esos hechos, el entonces intendente y actual senador nacionalista Eber da Rosa recurrió a la justicia penal. Se estableció entonces que la tumba había sido profanada poco antes de que los representantes de Serpaj llegaran al lugar. Un año después (2002) fue identificado mediante ADN el cráneo de Gomensoro, que hasta entonces había conservado el médico forense Emilio Laca (ya fallecido), quien había realizado la autopsia el 18 de marzo de 1973.
“Hoy no me siento reparada. No siento alivio. Pero es difícil decirlo ahora porque no lo he podido procesar. Pero independientemente de mi sentimiento individual, pienso que lo importante es la repercusión pública. Aunque hayan pasado 37 años, no continúan impunes, alguno [por Gómez] está viviendo en el barrio como si no pasara nada. Creo que esto da fuerzas para seguir”, expresó Marta, haciendo referencia a que ahora deberá comenzar el periplo judicial por su otro hermano, Hugo Gomensoro. Hugo despareció en Argentina el 30 de abril de 1976; sus restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2005 y dos años después fueron velados. “Creo que ha sido emblemático que hayamos podido encontrar a nuestros dos hermanos y que hayamos, al menos, podido saber algo”, rescató.