Por primera vez en democracia, la viuda de Chaves Sosa, Isidora Musco, retornó al lugar donde ambos permanecieron detenidos en 1976, esta vez como denunciante de los hechos que derivaron en el homicidio de su marido. Lo hizo acompañada de su hija, Valentina Chaves, también denunciante, y de tres testigos. El vehículo del Poder Judicial partió cerca de las 15.00 hacia Boiso Lanza, dependiente de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU). La defensa no participó, aunque estaba notificada de la instancia y podía estar presente como en cualquier diligenciamiento de prueba.
El lugar está “cambiado” y con “muchas edificaciones nuevas” según los testigos, pero eso no impidió que identificaran el lugar donde Chaves Sosa fue torturado hasta morir. El militante comunista había sido detenido el 28 de mayo de 1976 sobre las 17.00 y trasladado posteriormente a Boiso Lanza. El homicidio se produjo durante el interrogatorio, en la noche del 1º al 2 de junio.
“Eso fue lo más importante: poder ubicar físicamente los lugares donde ocurrieron los hechos denunciados por los testigos, y que tanto la jueza como la fiscal y los denunciantes tengan certeza de que ocurrieron tal cual se formularon”, evaluó en diálogo con la diaria el abogado Óscar López Goldaracena, quien destacó la “total colaboración” de las autoridades de la FAU para que hubiera “acceso a todos los lugares que se quiso visitar”.
Allá y acá
Los testigos también localizaron con claridad los celdarios y las piletas donde se practicó “el submarino”. “Lo más importante es haber ubicado las perreras; en ese lugar se torturó a los presos. Está cambiado, más amplio, pero se pudo identificar las siluetas de doce puertas [de lo que fueron los celdarios]; las piletas cilíndricas donde los sumergían, y que eran para bañar a los perros, ahora están rellenas de cemento”, detalló el abogado. Los recintos subterráneos que existían también fueron rellenados, pero se ubicó por dónde se accedía a ellos.
López Goldaracena explicó que la precisión con que fueron delimitados los espacios tuvo que ver con la existencia de vías férreas cercanas. “Justo cuando estábamos allí pasó un ferrocarril, y con el sonido claramente fue todo más fácil”, señaló. Durante la recorrida y por orden judicial, la Policía Técnica realizó un relevamiento de todas las pruebas, registrando fotográficamente los lugares señalados por los testigos.
La denuncia por el homicidio de Chaves Sosa fue radicada en 2008, dos años después de que el cuerpo fuera hallado, en noviembre de 2005, en una chacra de Pando, a raíz de un informe elaborado por la FAU y entregado por su comandante en jefe de ese momento, Enrique Bonelli, al entonces presidente, Tabaré Vázquez. Fue la primera identificación de los restos de una persona desaparecida durante la dictadura. La de ayer fue una instancia clave en el proceso judicial: López Goldaracena no descarta “complementar con nuevos elementos de prueba” para determinar el grado de involucramiento de los indagados, pero a su entender “todo indica que se va llegando a la verdad”.
Doble click
El coronel retirado Carlos Calcagno fue conducido al juzgado por efectivos policiales sobre las 16.00, una hora después de que Mota partiera con el resto de los comparecientes a la base aérea. Allí lo esperaba desde las 13.00, con su cámara de fotos, la ex presa política Martha Passeggi, que según dijo a la diaria fue interrogada y torturada por Calcagno en el Batallón Florida, de Infantería Nº 1 en Montevideo, el 18 agosto de 1973. Al día siguiente se produjeron en ese establecimiento militar los asesinatos de Walter Arteche y Gerardo Alter, cuyas causas están excluidas de la Ley de Caducidad y son investigadas, junto con otras 18, como un apéndice del expediente del ex dictador Juan María Bordaberry. “¡Calcagno!”, le gritó Passeggi. El reo se quitó los lentes de sol y la miró con detenimiento, y la mujer aprovechó para fotografiarlo. La audiencia ratificatoria se realizó pasadas las 18.00, y hoy la magistrada se pronunciará sobre el pedido de la fiscal Mirtha Guianze, que solicitó para Calcagno el procesamiento con prisión por “dos delitos de coautoría de desaparición forzada”, en referencia a lo ocurrido, en el marco del Plan Cóndor, con Inzaurralde y Santana.
Calcagno está recluido en la prisión de Domingo Arena a la espera de que el juez Rolando Vomero se pronuncie sobre un pedido de extradición contra el militar, presentado por Paraguay en 2005 y cursado en ese país por el juez Gustavo Santander. No obstante, si Mota hace lugar al pedido de Guianze, Vomero no tendría por qué pronunciarse, principalmente -según explicaron fuentes del caso- teniendo en cuenta que en Paraguay también se indaga a Calcagno por su actuación en la ejecución del Plan Cóndor, y en particular por la desaparición forzada de Federico Tatter, un militante opositor al régimen del general Alfredo Stroessner.