Los hechos derivan de dos llamados a licitación para la realización de obras en la Casa de la Cultura y en el cine-teatro iniciados en 2008. El 20 de agosto de 2009, Amaral, entonces en funciones como intendente, fue llamado a sala por la oposición para explicar por qué la empresa adjudicataria de la remodelación de la sala de cine-teatro tenía como “representante técnico” al arquitecto Héctor Saravia, esposo de la entonces directora de Acondicionamiento Urbano y Rural, Susana Martínez.
El edil nacionalista Pablo Chalar relató en diálogo con la diaria que Amaral aseguró que la jerarca no había participado ni en el proceso licitatorio ni en el desarrollo del proyecto, al tiempo que se comprometió a realizar un “informe detallado para despejar dudas, que nunca llegó”. Luego de un incendio en el cine-teatro, se realizó lo que Chalar entiende que fue “una nueva licitación” y no una “ampliación”, como se anunció desde la comuna.
“Teníamos la sospecha de que el llamado era para poder acondicionar las instalaciones luego del fuego. El punto es que quien solicita la ampliación del 100% y sin dictámenes técnicos es Martínez, que seguía siendo directora. Incluso firmó avances de obras que, entre otras cosas, autoriza a la empresa a recibir pagos”, explicó Chalar. “Además, el dictamen policial determinó que el incendio fue por falta de cuidados de la empresa adjudicataria”, añadió.
A su vez, Saravia había sido director de Cultura en el inicio de la gestión de Amaral. Mientras estuvo en el cargo, el arquitecto escribió el proyecto de obras para la Casa de la Cultura. “La licitación fue observada por el Tribunal de Cuentas, pero el tema central es que Saravia concurría a la obra a dar instrucciones cuando ya no estaba vinculado a la intendencia ni tenía nada que ver con la empresa adjudicataria. Por ejemplo, en dos ocasiones mandó a tirar abajo y rehacer una rampa para personas con discapacidad”, detalló el edil.
Sobre esto último, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Anticorrupción) determinó en su dictamen técnico que “se le permitió a un particular tomar decisiones sobre materiales y recursos humanos de la intendencia” y que “no se cumplieron los controles que determina el pliego de condiciones” del llamado a licitación para la Casa de la Cultura.
En la resolución establece que la actuación del intendente frenteamplista “no condice con lo dictado” en al menos tres artículos de la denominada ley anticorrupción y cinco del decreto 30/2003 sobre Normas de Conducta en la Función Pública. En el caso, la junta también involucra al entonces director de Obras, Fernando Ávila, encargado de hacer el seguimiento de los trabajos, y a todos los funcionarios que participaron en el proceso del gasto porque no informaron sobre el vínculo matrimonial entre Saravia y Martínez. Este lazo, según el informe, “implica una exteriorización de la conducta de la arquitecta Martínez contraria a los postulados de los principios de interés público, probidad, imparcialidad e implicancia”.
Alegatos
Los antecedentes fueron enviados a la Junta Anticorrupción en febrero de 2010 por una comisión investigadora conformada en diciembre e integrada por ediles de todos los partidos. El informe llegó la semana pasada a la Junta Departamental -que ahora tiene mayoría del Partido Nacional tras haber ganado las elecciones en mayo-, que votó por unanimidad el envío del expediente a la justicia penal.
El edil frenteamplista Mario Mota admitió a la diaria que la comisión investigadora “concluyó que había errores en los procesos administrativos de ambas licitaciones”. Por esa razón, aclaró, la bancada del Frente Amplio decidió apoyar el envío de los antecedentes a la Justicia: “El objetivo final es que esto se aclare, porque creemos que no hubo dolo sino errores administrativos”.
Al ser consultado por la diaria, el ex intendente reconoció que el parentesco entre Martínez y Saravia “es inaceptable desde el punto de vista ético y político”. Pero alegó que “tiene como cierto” que él es “asesor honorario” y no “representante” de la adjudicataria y que, por ende, “no se iba a llevar nada”. “Me como este garrón porque no estaba en el país en ese momento, pero asumo la responsabilidad”, destacó. Por otra parte, subrayó que no hubo una nueva licitación sino una “ampliación” y que ésta no fue observada por el Tribunal de Cuentas ni por Jurídica.
“Es cuestionable desde el punto de vista administrativo, pero no hay delito. Somos conscientes de que hubo apartamiento de normas formales; para que la ciudadanía no tenga duda de que fueron errores pero no delitos, pedí como intendente que se pasara a la Junta Anticorrupción”, expresó. También le solicitó a la Junta Departamental que lo envíe a la Justicia para “que lo dirima, así la población se queda tranquila”, reclamó.