El acuerdo empezó a negociarse en 2002. En esa ocasión, y al igual que sucedió con el Tratado de Libre Comercio (TLC) que luego no llegó a concretarse, Estados Unidos envió a las autoridades uruguayas el formato estándar que ese país utiliza para tratados de este tipo. En 2005 estaba todo listo para la firma, pero los jerarcas frenteamplistas que asumieron en marzo se negaron a firmar el texto tal cual venía, por entender que había algunos aspectos perjudiciales para el país.
Fundamentalmente, la discrepancia tenía que ver con el manejo de material genético; el texto propuesto por Estados Unidos “no era equitativo” porque habilitaba a que investigadores estadounidenses se apropiaran de material genético y lo patentaran como propio, explicaron en diálogo con la diaria jerarcas que participaron en la negociación. Luego de meses de conversaciones del grupo interinstitucional de propiedad intelectual con los negociadores estadounidenses, se logró un convenio “bastante razonable”, evaluaron las fuentes.
El presidente del Consejo de Derechos de Autor del Ministerio de Educación y Cultura, Alfredo Scafati, dijo el 7 de julio en la Comisión de Asuntos Internacionales de Representantes que el acuerdo deja afuera toda investigación que tenga que ver con recursos genéticos. “La propuesta original de Estados Unidos preveía que aquel país que otorgara protección a ese conocimiento generado podía apropiarse de sus frutos en todos los países del mundo, sin estar obligado a dar participación al otro. Esta situación afectaba particularmente a Uruguay, ya que los estándares de protección, especialmente nuestra Ley de Patentes, son menores que los de la normativa de Estados Unidos, sobre todo en lo que hace a tecnologías sensibles, como ser el área biotecnológica, el área farmacéutica y el área agroquímica”, señaló Scafati, según consta en la versión taquigráfica.
“Además, otro efecto no deseado para nuestro país, resultante de esa asimetría, sería la imposibilidad de la difusión libre del conocimiento”, agregó el especialista. Opinó que en el convenio que hoy se votará se logró en cambio “negociar con Estados Unidos un capítulo de propiedad intelectual con ventajas para nuestro país y dejar fuera del convenio determinados temas”. “Que se firme este protocolo de propiedad intelectual en el marco del TIFA nos da aire. Estados Unidos siempre insiste en tener algún acuerdo. Éste es un acuerdo que consideramos ventajoso, importante para nuestros investigadores.”, destacó. El texto se presentará como un logro del Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones (TIFA, por sus siglas en inglés), aunque de hecho la concreción es bastante anterior. Instituciones científicas, como el Instituto Clemente Estable, están muy interesadas en que se dé este paso para tener un marco legal que los proteja en materia de propiedad intelectual.
Durante la sesión de julio, Scafati reveló que a fines de 2008 se estuvo a punto de firmar un protocolo de comercio electrónico con Estados Unidos en el marco del TIFA, pero que “luego de una intensa negociación, se advirtió que lo que establecía el protocolo no era conveniente para los intereses de Uruguay, principalmente en propiedad intelectual”. “Muchos de los términos redactados afectaban a nuestros artistas e intérpretes, a lo audiovisual, al software y a la radiodifusión”, indicó. Agregó que esto no quiere decir que el acuerdo no siga en carpeta, pero advirtió que “hay que ser muy cuidadosos cuando negociamos y firmamos algo con Estados Unidos”.