Los debates uruguayos sobre las Fuerzas Armadas llevan mucho retraso, y uno de los motivos principales es que a la salida de la dictadura se resolvió muy mal la cuestión de las responsabilidades por el terrorismo de Estado. La Ley de Caducidad no sólo nos puso al margen del derecho internacional y contribuyó a envenenar la convivencia social; su conflictiva persistencia también postergó el encare de muchos otros asuntos relevantes relacionados con las instituciones militares.
1) Mientras permanecía pendiente una discusión democrática para definir el motivo de que tengamos Fuerzas Armadas, y el contexto de la política mundial cambiaba muchísimo (transformando en anacrónicos los discursos de la “guerra fría”), las instituciones militares uruguayas incorporaron a sus tareas, con creciente importancia, la participación en fuerzas de paz internacionales. Las consecuencias abarcan desde la introducción al país de enfermedades tropicales hasta la consolidación de una fuente de ingresos para todo uso, cuyo manejo sólo en los últimos años ha empezado a ordenarse y que dio lugar a graves irregularidades. Pero sobre todo se ha fortalecido, por “la lógica de los hechos”, una razón de ser imprevista, sustentada en una mezcla de rentabilidad, posibilidades de acumular experiencia profesional y oportunidades para establecer vínculos militares y políticos, a la cual le falta la base más indispensable: que nuestra sociedad decida si realmente quiere invertir recursos materiales y humanos para realizar esas misiones fuera de fronteras.
2) En una entrevista con Emiliano Cotelo difundida el lunes por El Espectador, el general del aire José Bonilla, futuro jefe del Estado Mayor de la Defensa, mencionó la problemática situación del sistema previsional militar. Bonilla destacó que el 60% de los beneficiarios de ese sistema recibe menos de 10 mil pesos por mes, que el 22% percibe de 10 mil a 20 mil, y que sólo 3% cobra más de 50 mil pesos mensuales. Sin restarles importancia a esos datos, ni entrar en comparaciones odiosas con las pasividades del resto de la población, uno de los números que manejó el general aviador merece suma atención: los retirados y pensionistas del sistema militar son unos 46.000. Si tenemos en cuenta que los efectivos suman alrededor de 30 mil, resulta que el país paga dos fuerzas armadas y media, y si hoy mismo se modificaran las causas estructurales de esta pesada carga (cosa que está lejos de ocurrir), su costo persistiría durante mucho tiempo.
3) El Poder Ejecutivo maneja la idea de que miles de los actuales integrantes de las Fuerzas Armadas pasen a desempeñar tareas en el Ministerio del Interior. Cabe señalar que si en la actual Policía pueden ocurrir hechos abominables como el asesinato en Piriápolis del joven Maiquel Martinho, la incorporación de un gran contingente de personas que han sido entrenadas para enfrentamientos en los que el objetivo es matar plantea una perspectiva perturbadora.
La anulación de los efectos de la ley de Caducidad es deseable por muchas causas. A las que se mencionan con mayor frecuencia hay que añadir que desembarazarnos de ese lastre puede facilitar que, de una vez por todas, afrontemos otros debates relacionados con los militares, que es insensato seguir postergando.