El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, adelantó ayer a la diaria que el Ejecutivo está en sintonía con las razones políticas del proyecto pero que “le merece observaciones desde el punto de vista jurídico”. Por ese motivo, explicó: “Presidencia no va a plantearlo como una iniciativa propia, sin perjuicio de coincidir con el objetivo político”. Consultado sobre cuáles son las objeciones que ameritan que el presidente José Mujica no firme el proyecto de ley, el jerarca prefirió no dar detalles.
Los integrantes de la comisión consultados por la diaria declararon no tener noticias desde el encuentro con Almagro y que estaban “formalmente” a la espera de un pronunciamiento. “La comisión del FA buscó un mecanismo que fuera jurídicamente correcto y creo que lo encontramos. El trabajo dio como resultado una redacción de absoluto consenso. Un acuerdo total”, enfatizaron. Y aclararon que la redacción que respaldó “la Mesa Política es la definitiva”.
La última semana de julio, cuando la comisión aún estaba trabajando en la iniciativa, cancillería reveló que haría llegar un proyecto al Parlamento. Posteriormente, el 16 de agosto, la Mesa Política del FA aprobó el texto elaborado en la comisión. Así lo difundió tras la sesión el presidente de la fuerza política, Jorge Brovetto, quien durante la conferencia de prensa remarcó que se llegaba a esa instancia luego de haber coordinado con Almagro y Breccia.
Vetar es otra historia
Frente a la posibilidad de que, basándose en las objeciones jurídicas, el Ejecutivo vete una eventual ley, Breccia declaró: “Si, como todo parece indicar, la fuerza política presenta el proyecto al Legislativo y éste prospera, Presidencia determinará en su momento qué hacer con la ley aprobada”. Sin embargo, subrayó que hay que tener “presente que, en general, Presidencia tiene una opinión contraria al veto”.
El articulado está orientado conceptualmente a interpretar la Constitución como forma de terminar con la vigencia de la Ley de Caducidad. “Los jueces deberán aplicar las normas internacionales en forma directa cuando se opongan directamente a normas internas. Sobre esa base se establece que toda acción judicial que haya sido suspendida por una decisión del Poder Ejecutivo podrá ser continuada por los jueces sin tomar en cuenta la decisión administrativa”, había explicado Daoiz Uriarte a la diaria (ver nota adjunta).
La exposición de motivos del proyecto tendría como eje los argumentos de la Suprema Corte de Justicia al declarar la inconstitucionalidad para el caso de Nibia Sabalsagaray, como una estrategia para evitar futuros recursos ante ese organismo. Las objeciones de carácter jurídico estuvieron sobre la mesa el miércoles, pero también desde la comisión mostraron reserva al momento de identificarlas. No obstante, aseguraron que la fuerza política continuará adelante: “El proyecto se va a mandar al Legislativo de todas formas. Y se hará con el respaldo de Almagro”, dijo uno de los miembros de la comisión, lo cual fue confirmado a la diaria por fuentes de cancillería.
Desde el FA, en tanto, recordaron que para trabajar se fijaron plazos lo más cortos posible teniendo en cuenta que en octubre se celebraría la audiencia única en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que la cancillería, en representación del Estado uruguayo, deberá responder por la demanda por denegación de justicia para investigar la desaparición forzada de María Claudia García, presentada por su hija, Macarena Gelman, y su suegro, Juan Gelman.