Haberlo sabido
Salom sostuvo que su codefensoría de Ratti junto con Gonzalo Fernández era de “público conocimiento”. Consultado al respecto por la diaria, el diputado socialista Gustavo Bernini dijo que si era así, el PS “no lo recordaba”, y que Salom tampoco lo recordó en las conversaciones que mantuvieron a raíz de este tema. Bernini apuntó que en 2007, cuando El Observador publicó esa noticia, habló del tema con Salom y lo manejaron “a nivel de trascendidos”. “Ella nunca confirmó que fuera cierto”, aseguró. Añadió que, de haberlo sabido, se habría evaluado que era una situación similar a la de 2002, cuando el PS le pidió a Gonzalo Fernández que no defendiera a uno de los Peirano. Para Bernini, el problema actual “es político, no jurídico”. Afirmó que el último asesoramiento de Cecilia Salom a un socialista fue “hace algunos meses”, y que últimamente “no se le ha pedido nada”. Reconoció que la situación surgida “ha perturbado todo”, aunque aclaró que el PS no ha resuelto si mantendrá a Salom como asesora. La abogada dijo ayer que está “a entera disposición de los compañeros si estiman pertinente que los auxilie en algo”.
La comisión investigadora recibió ayer al vicepresidente Danilo Astori, a la abogada Cecilia Salom y al ex canciller Gonzalo Fernández. La pareja que actuó como codefensora de Domingo Ratti, ex director del Banco Montevideo, negó que haya existido intención de incidir en la decisión del Parlamento para clausurar la causa de su defendido.
Tanto Salom como Fernández reiteraron sus argumentos jurídicos. Afirmaron que para ellos la derogación del artículo 76 de la ley 2.230 no implicaba la clausura de la causa, ya que se había cambiado la carátula del expediente. Salom alegó que lo dispuesto por el Tribunal de Apelaciones incluso demora la causa, y estimó que la Suprema Corte de Justicia terminará concluyendo que no corresponde la clausura. Fernández manifestó que si hubiera tenido intención de beneficiar a los hermanos Peirano, lo habría hecho en 2006, omitiendo la recomendación que formuló en aquel momento a Astori. Según confirmó éste ayer, Fernández le recomendó que el Ministerio de Economía no propusiera la derogación del artículo 76 para no habilitar la liberación de los ex directores del Banco Montevideo.
Los legisladores preguntaron a Salom y a Fernández por qué no informaron que ejercían una codefensoría en la causa. La abogada alegó que ella fue quien “ejercitó” la defensa y que la participación formal de Fernández era “de público conocimiento”. Mencionó una nota publicada el 22 de febrero de 2007 en El Observador que informaba sobre ese hecho (ver recuadro), y una entrevista del 1° de marzo del mismo año del programa radial “En perspectiva”. “Estimé que la asunción en forma indistinta del patrocinio del contador Ratti era un hecho bien conocido por toda la ciudadanía y por los sectores políticos”, afirmó, y añadió que tampoco lo mencionó a la bancada frentista porque “no tenía sentido informar sobre algo público y conocido” y porque “no integro sus orgánicas”. Dijo que no tiene “ningún tipo de duda” de que ni ella ni Fernández cometieron una falta ética.
Contaminación
Fernández se mostró molesto en varios pasajes de su exposición. Afirmó que hubo una “explotación política de los hechos” y que hay un “propósito político encubierto”. “Reconozco que ése no es el propósito de la comisión ni de la cámara”, aclaró, pero lamentó de que “el daño causado” sea “irreparable” y que la opinión pública ya esté “contaminada por la sospecha”.
Aseguró que no le pidió al senador nacionalista Sergio Abreu que derogara el artículo 76, como el legislador sostuvo ante la comisión 15 días atrás, sino que sólo le recomendó que se fijara si había incongruencias que requirieran derogaciones.
Respecto al proceso parlamentario, el ex canciller dijo que cuando Abreu le pidió que llamara al diputado nacionalista Álvaro Lorenzo para darle sus explicaciones, recién se enteró de que el proyecto en cuestión estaba en discusión en el Parlamento, y que eso lo tomó “totalmente de sorpresa”. Negó que haya tenido que tratarse con urgencia por la situación del CASMU: “Si hubiera tenido urgencia, el Poder Ejecutivo no habría tardado diez días en promulgarla”, sentenció. Pero los parlamentarios frentistas sí lo consideraban urgente, y así lo reconoció ayer Astori. Como lo habían hecho otros legisladores actuantes en ese momento, el ex ministro de Economía sostuvo que “ninguno” de ellos advirtió que la ley “podía generar consecuencias” en el caso Peirano, ya que ponían “mucho más atención en la situación del Sindicato [Médico del Uruguay] y en la vigencia del proyecto que en otra cosa”.
Astori explicó que pidió licencia para aquella sesión porque tenía un acto de campaña electoral. Ingresó su suplente, Milton Antoñasa, “que por supuesto votó a favor de la ley, cosa que yo habría hecho si hubiera estado presente”, manifestó. “A la larga la sociedad va a percibir que aquí no hubo negligencia y mucho menos intencionalidad de provocar efectos negativos en la causa judicial”, expresó.
Facturas y omisiones
Fernández cuestionó la actuación de los legisladores de la época por no haber prestado atención a lo que votaban, y en particular a la ex coordinadora de bancada del Frente Amplio en el Senado, Margarita Percovich, por declarar a Brecha que se sintió “engañada” y luego decirle a la investigadora que “no recordaba” cómo fue el proceso.
El senador colorado Ope Pasquet reclamó al ex canciller que dijera por qué no informó al Parlamento que ejercía la codefensoría de Ratti. La respuesta fue: “Lisa y llanamente porque me olvidé”. Fernández adujo que en ese momento “se estaba hablando de los Peirano”, y que si le hubieran preguntado, habría contestado.
La investigadora parlamentaria analizará la semana próxima el material recabado y aguarda respuestas del ex presidente Tabaré Vázquez. A la pregunta ya enviada acerca de por qué no vetó la ley, se agregaron ayer interrogantes acerca de si Vázquez sabía que Fernández era codefensor de Ratti, y en caso de que lo supiera, si lo comunicó a su gabinete.