Un proyecto de ley contra el racismo y la discriminación comenzó a debatirse en el Senado de Bolivia luego de que fue aprobado en la cámara baja el viernes. El texto impone sanciones a quienes incurran en actos y dichos de racismo y discriminación, incluidos los medios, una de las cuestiones más rechazadas por la oposición.
“El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento”, indica uno de los artículos del proyecto. Según organizaciones periodísticas, medios de comunicación y opositores, con esta iniciativa el gobierno pretende poner una mordaza a los medios y silenciar la disidencia.
El lunes, la Asociación Nacional de la Prensa, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación Boliviana de Radiodifusoras de Bolivia enviaron juntas un comunicado al Senado en el que rechazan la nueva norma al considerar que significa una “violación de la libertad de expresión”. Las asociaciones exigen que el gobierno elimine del proyecto “todos los artículos que pretendan limitar la libertad de expresión, porque serán considerados actos de censura previa”, y amenazan con recurrir a organismos internacionales si la ley es aprobada.
En defensa del proyecto, el presidente Evo Morales aseguró que su “obligación” es “erradicar a los racistas que son dueños de medios de comunicación”, y sostuvo que la norma molestará a “esa gente que practica el racismo aprovechando algún micrófono”, informó la agencia de noticias EFE.
Los senadores opositores se mostraron de acuerdo en la necesidad de una ley contra el racismo y la discriminación en un país en el que ha sufrido estos fenómenos la mayoría indígena de la población. Pero algunos aseguran, como el jefe del frente opositor en la Cámara de Diputados, Mauricio Muñoz, que el oficialismo intenta “poner una mordaza a los medios de comunicación, al estilo del presidente de Venezuela, Hugo Chávez”. Así lo declaró Muñoz a BBC.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la oficialista Marianela Paco, dijo a la cadena británica que los medios de comunicación tendrán espacio para participar en la reglamentación que desarrolle la ley, cuando ésa sea aprobada, para tener más tranquilidad de que no busca limitar la libertad de expresión.
Para quienes incumplan la ley y publiquen contenidos considerados racistas o discriminadores habrá sanciones admistrativas, como las suspensiones de permisos al medio, y penales, que pueden resultar en entre uno y siete años de prisión.