La política del gobierno francés hacia los gitanos es “vergonzosa”, estimó Viviane Reding, la comisaria europea de Justicia, en la Comisión Europea (CE). “Estoy personalmente convencida de que la CE no tendrá más opción que iniciar procedimientos por infracción contra Francia”, dijo ayer antes de advertir que propondrá la iniciativa al presidente de esa entidad y que una decisión será tomada en las próximas dos semanas, indicó el diario francés Libération.
“Dan la impresión de que personas son expulsadas de un estado miembro [de la Unión Europea] porque pertenecen a cierta minoría étnica. Pensaba que Europa no volvería a ser testigo de este tipo de situación después de la Segunda Guerra Mundial”, dijo Reding antes de agregar que “las discriminaciones étnicas o raciales no tienen lugar en Europa”.
El gobierno francés dijo estar “sorprendido” por las declaraciones de Reding. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Bernard Valéro, dijo que no cree que “ese tipo de declaraciones [...] permita mejorar el porvenir y la situación de los gitanos”. Por su parte, el ministro del Interior, Brice Hortefeux, se defendió: “No desalojamos los campamentos ilegales de gitanos porque son gitanos, los desmantelamos porque son ilegales”.
El titular de Inmigración, Eric Besson, reiteró que “Francia no efectuó ningún reenvío a la frontera, voluntario o forzado, basándose en la etnia” y que su país “respeta a la CE en su papel de guardiana de los tratados”. Aclaró así palabras menos diplomáticas del secretario de Estado para los Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, quien declaró el lunes que “el guardián de los tratados es el pueblo francés”.
La CE se manifestó preocupada en agosto por la política de París hacia los gitanos, pero luego comunicó su satisfacción ante las garantías que le aportó Francia al respecto. Ayer perdió la paciencia luego de que tomara conocimiento público una circular interna del Ministerio del Interior -que será modificada en respuesta a la polémica- en la cual se solicitaba a los departamentos de esa cartera realizar “una gestión sistemática de desmantelamientos de campamentos ilícitos, los de gitanos en prioridad”.
Por miedo a que la normativa sea tachada de inconstitucional por ser “discriminatoria” a nivel nacional o europeo, los senadores de izquierda no participaron ayer en el Parlamento francés en la votación que terminó de aprobar la prohibición al uso en espacios públicos del velo integral islámico: la burka y el niqab. El texto, que había sido aprobado por los diputados en julio, no menciona directamente el velo islámico sino que habla del “ocultamiento del rostro en un espacio público”, indicó la agencia de noticias AFP. Quien obligue a una mujer a usar el velo integral podrá ser condenado a un año de cárcel y a pagar casi 40.000 dólares de multa.