La primera sesión de la comisión investigadora creada por el Parlamento será el próximo martes. Allí se recibirá al senador nacionalista Sergio Abreu (Alianza Nacional, AN) y se fijará un calendario de citaciones, informó a la diaria uno de sus integrantes, el ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista). También participarán los frenteamplistas Carlos Baráibar (Asamblea Uruguay), Mónica Xavier (Partido Socialista) y Jorge Saravia (Espacio 609); los nacionalistas Francisco Gallinal (Unidad Nacional) y Carlos Moreira (AN) y el colorado José Amorín Batlle (Propuesta Batllista).
El cometido del organismo, que deberá expedirse en 60 días, será “investigar la actividad de la Cámara de Senadores en el tratamiento de la Ley Nº 18.411, incluyendo todos los aspectos vinculados a su discusión, aprobación y puesta en vigencia”. Pese a que al principio de la sesión existían posiciones diversas sobre el objetivo que debía tener (el oficialismo consideraba que debía acotarse al estudio de la actuación de los parlamentarios), los legisladores de todos los partidos llegaron a un acuerdo y la aprobaron por unanimidad.
Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de debate y de pases de factura de un lado al otro. Abrió el fuego el senador colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay, VU), que no participó en la legislatura anterior.
Cuestionó la “imprudencia y negligencia” con la que actuaron sus colegas y criticó al ex secretario de Presidencia Gonzalo Fernández por no haber dicho “toda la verdad” cuando asistió al Parlamento a explicar su actuación en el proceso que culminó con la clausura de la causa de los banqueros. “Pienso que lo menos que podemos exigirnos los unos a los otros es que cuando vengamos acá a hablar de las conductas propias, y pedimos la palabra para hablar de los hechos que nos involucran, tenemos que decir la verdad, toda la verdad. Y en un tema de esta naturaleza era enormemente relevante y enormemente significativo que el doctor Fernández dijera ‘yo soy defensor de una persona imputada en la causa del Banco Montevideo’”, manifestó.
Ante esto, blancos y frenteamplistas se unieron para defenderse. “¿Para qué pidió una comisión investigadora si se está adelantando a hacer consideraciones?”, cuestionó Gallinal. Abreu solicitó que la comisión lo cite en primera instancia y sostuvo que “no aceptará” que se le diga que actuó con negligencia. El frenteamplista Rafael Michelini (Nuevo Espacio) aseguró que es “falso” que se diga que “acá se urdió un plan” y le reclamó a Pasquet que si piensa eso recurra al artículo 115 de la Constitución, que dispone que un legislador puede ser removido de su cargo por “actos indignos”.
La experiencia indica
En este contexto, y a raíz de la actuación de Gonzalo Fernández en el caso, el diputado colorado Fitzgerald Cantero (VU) ingresó un proyecto de ley que establece limitaciones al ejercicio de la actividad privada para algunos integrantes del Poder Ejecutivo, similares a las que ya existen para los parlamentarios. Se prohíbe al presidente, vicepresidente, ministros, subsecretarios, directores generales de secretarías, director y subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, secretario y prosecretario de Presidencia ser “titulares, dependientes, asesores, patrocinantes, auditores, representantes, consultores, socios, directores, síndicos o similares de persona física o jurídica alguna, nacional o extranjera, mientras se desempeñan en el cargo público asignado”.
La prohibición abarca también a quienes estén en régimen de licencia o desempeñando actividades honorarias, con excepción de las funciones no remuneradas de los docentes universitarios. Para desempeñar cualquier otra actividad que no esté mencionada explícitamente en el proyecto se requerirá la conformidad de dos tercios de la Asamblea General.
Los legisladores frenteamplistas aclaran que no conocen la iniciativa, pero hay posiciones diversas sobre la idea. En opinión de Lorier, “no está de más” establecer este tipo de regulaciones “en un mundo donde hay tantas vinculaciones y relaciones entre lo público y lo privado”. “Es bueno que analicemos las cosas desde lo público o desde lo privado, y no desde ambos. Me parece que está bien regularlo. Estoy dispuesto a analizarlo”, adelantó.
En cambio, Saravia dijo que habría que ver “cuál es el límite”. “La persona no podría deslindarse totalmente de lo privado porque después no puede volver a trabajar. No estoy de acuerdo con los extremos, porque la actividad pública es circunstancial. Para el que no vive de la política es importante mantener su actividad privada. Y coartar las libertades individuales es muy complicado”, alegó.
Nin Novoa se mostró dispuesto a “empezar a pensar en reglamentar y ver incompatibilidades”, aunque apuntó que “si uno se ajusta al pie de la letra a las disposiciones vigentes, las leyes no se podrían votar”, porque todos los legisladores tienen algún tipo de implicancia en los temas que tratan. Consideró que debería estudiarse la legislación de otros países y que hay que analizar bien “dónde se pasa raya”. “El presidente de UTE paga la luz todos los meses también, y las tarifas las pone él. A mí me parece que en Uruguay hay una visión bastante clara de lo que implica ser un servidor público”, consideró.