Gabriel Lombide comienza hoy a presidir la URSEC en sustitución de Jaime Igorra, y Gustavo Delgado lo hará como director luego del cese de Alicia Fernández. El gobierno de José Mujica realizó estos cambios en busca de un perfil más técnico y de incorporar a la oposición en el directorio; Lombide es ingeniero y Delgado representa a Alianza Nacional. Las nuevas autoridades desembarcan en la URSEC en el marco de una propuesta de redefinición de competencias estatales en materia comunicacional, incluida en el presupuesto quinquenal a estudio del Parlamento.
En cuanto a la URSEC, las modificaciones son mínimas. A la norma que regulaba su funcionamiento, de 2001, se le hacen dos agregados en dos incisos, pero no se alteran sus tareas centrales. Seguirá asesorando al Poder Ejecutivo (PE) en la formulación, instrumentación y aplicación de la política de comunicaciones, velando por el cumplimiento de las normas sectoriales específicas y administrando, defendiendo y controlando el espectro radioeléctrico nacional.
Las novedades aparecen en los incisos h y ñ. Al h, que dispone como su competencia presentar al PE proyectos de reglamento y pliegos de bases y condiciones para la selección de las entidades que utilizarán las frecuencias radioeléctricas, se añade que esta acción deberá llevarse a cabo por intermedio de la Dinatel. En el ñ, donde dice que podrá dictar normas generales que aseguren el funcionamiento de los servicios, se suma que podrá para ello “requerir a los prestadores y agentes de telecomunicaciones, públicos y privados, todo tipo de información para el cumplimiento de sus fines”.
Al mismo tiempo, el presupuesto incrementa en 10 millones de pesos anuales los fondos para la URSEC, con el objetivo de completar su estructura mediante la provisión parcial de cargos vacantes, y establece un rubro adicional para gastos de funcionamiento.
En cuanto a la Dinatel, se amplían sus competencias. Ahora tendrá que proponer y asesorar al PE en la fijación de la política nacional de telecomunicaciones, en el establecimiento del marco regulatorio del sector y en la administración de recursos nacionales. Entre otras funciones, también instrumentará, coordinará y monitoreará el cumplimiento de las políticas públicas aprobadas, dictaminará preceptivamente en concesiones y autorizaciones para prestar servicios de comunicación audiovisual y telecomunicaciones, y desarrollará mecanismos públicos de consulta y participación para incorporar las opiniones de los protagonistas.
Alarma twittera
El líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, intercambió su preocupación con el secretario general del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, Twitter mediante. Bordaberry interpretó que estos cambios proponen “sacar la regulación de las telecomunicaciones de las unidades reguladoras (técnicas e independientes) y asumirla el gobierno”, con lo que “se vuelve a concentrar en el poder político de turno el poder en comunicaciones”. Larrañaga consideró que las unidades reguladoras “no pueden perder su independencia”. “Es una barbaridad, señores del Poder Ejecutivo!!!”, exclamó. Y le escribió directamente al líder colorado: “estoy de acuerdo con Bordaberry, no es posible ni viable esta intención de liquidar las unidades reguladoras”.
Gandini fue más allá y comparó estas disposiciones con las leyes de medios en Argentina y en Venezuela, indistintamente. “Se puede deducir una intencionalidad similar a lo que está pasando en Argentina o en Venezuela”, dijo a la diaria. Explicó que basa su preocupación en “una trilogía que no hay que despegar”: esta modificación de competencias, la proyectada ley de servicios de comunicación audiovisual que se discute en el comité consultivo creado a tal fin, y la ley de producción de contenidos que el Ministerio de Educación pondrá a debate parlamentario en los próximos meses. El diputado consideró que el abordaje de “todos estos temas juntos” genera “alerta sobre la politización de estos temas” y podría “afectar la libertad de expresión”.
El titular de la Dinatel, Gustavo Gómez, manifestó a la diaria que el objetivo no es cambiar competencias sino aclararlas. “Nadie está asumiendo potestades que no tenía. Se habla de que el PE le está quitando potestades a la URSEC para diseñar políticas de telecomunicaciones, cuando jamás estuvo en manos de la URSEC diseñar las políticas”, ilustró. Respecto al argumento de que se quita autonomía técnica a la URSEC, opinó que es “al revés”. “Se busca que los políticas estén en manos del gobierno (que siempre fue así) para no politizar la URSEC, que tiene que tener un enfoque técnico justamente”, precisó, y destacó que quiere fortalecer su “capacidad de control y fiscalización”.
Por último, resaltó que el sector privado ha expresado “mucha sintonía con este planteo”, al tiempo que sobre el temor a que se vulnere la libertad de expresión mencionó que el ministerio ha dado “una expresión clara” de que “no está planteada una restricción de los contenidos”.