La crisis de los periódicos impresos no es de ahora ni sólo uruguaya. Hace tiempo que un conjunto de cambios tecnológicos, económicos y culturales han puesto en tela de juicio las perspectivas de supervivencia de estos medios de comunicación. En ese marco, el presidente José Mujica dio a conocer el viernes 24, en su audición radial, que hace algún tiempo recibió a representantes de empresas que integran la Asociación de Diarios y Periódicos del Uruguay (ADYPU, formada por las que editan los diarios El País, El Observador y Últimas Noticias, y los semanarios Búsqueda y Brecha), y que éstos le plantearon su aspiración de que el sector quede exonerado de aportes patronales o reciba otro tipo de “ayuda” estatal.
“Algo tenemos que hacer”, dijo Mujica, y dio detalles sobre “problemas estructurales”: la redundantemente llamada “prensa escrita” ha perdido gran parte de su participación en el mercado publicitario, tiene costos altos para ventas escasas, y su distribución en quioscos es cara. También destacó la importancia del sector para realizar “el trabajo de base sobre el cual se construye buena parte del esfuerzo informativo” de los demás medios de comunicación, y en general para la “construcción del pensamiento y hasta en parte de la cultura nacional”. Además, expresó que le inquieta “que la crisis presupuestal crónica de los medios escritos” tienda a “rebajar enormemente la calidad del producto”.
Son todas preocupaciones razonables, pero sería bueno introducir otros criterios en el análisis del problema y de sus posibles soluciones. El gobierno puede hacer algo más que constatar el alto costo de la distribución, porque no es ajeno al hecho de que exista una situación de monopolio en la parte más lucrativa del territorio nacional. Y puede hacer algo más que exonerar de aportes a las empresas: Nicolas Sarkozy, por ejemplo, planteó el año pasado la idea de que el Estado pagara a cada francés, al alcanzar la mayoría de edad, un año de suscripción al periódico de su elección, para que las preferencias del público determinaran el beneficio recibido por cada uno.
En todo caso, si se establecen nuevos subsidios a la prensa (en Uruguay los hubo y los hay, explícitos como en el caso de las publicaciones del interior, o encubiertos mediante el manejo de la publicidad oficial), lo sano sería que fueran acompañados, como cualquier otra forma de “ayuda” con recursos públicos, por criterios de transparencia y la exigencia de contrapartidas. La ciudadanía tiene derecho a saber a quiénes se les transfiere dinero, en qué cantidades, para qué y a partir de qué indicadores verificables.
Sería problemático y peligroso que esas contrapartidas se refirieran a los contenidos, pero deben existir. Por ejemplo, en materia de derechos laborales de los trabajadores del sector (un área en la que nuestro país tiene históricas carencias), o de cuentas claras sobre cuestiones tan básicas como las ventas de cada periódico.
Esto viene al caso porque desde ADYPU se ha mantenido una tenaz oposición a la idea de que la circulación de los periódicos deje de ser un secreto empresarial que permite a muchos medios mentir con descaro sobre sus ventas, estafando a los avisadores y al público. Esta posición se ha manifestado también en el debate sobre el proyecto de asignación de publicidad oficial elaborado durante el anterior período de gobierno, hoy nuevamente a estudio del Poder Ejecutivo.
Ojalá que al Estado no se le ocurra atribuirse el derecho de juzgar quiénes publican información cierta para repartir premios y castigos. Pero sería un escándalo que premiara a quienes decidan no cumplir con ese deber básico de los medios de comunicación.