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Luis Alberto Lacalle. (archivo, setiembre de 2010)

Foto: Fernando Morán

Tierra de nadie

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Lacalle propone derogar limitaciones para que las SA puedan comprar inmuebles rurales.

El primer gobierno del Frente Amplio aprobó disposiciones para restringir la titularidad de inmuebles rurales. En la órbita del Ministerio de Ganadería funciona una comisión que deberá definir antes de junio de 2011 la aplicación efectiva de esta medida. El senador nacionalista Luis Alberto Lacalle expondrá mañana en el Parlamento sobre un proyecto de su autoría para derogar todo lo actuado en la materia por la administración anterior.

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El presidente José Mujica se mostró la semana pasada preocupado por la intención de algunos países, como China, de comprar tierras uruguayas. Dijo en la Expo Prado que mientras sea primer mandatario, “no habrá extranjerización de la tierra”. Su ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, acotó que en realidad al gobierno no le preocupa tanto la extranjerización, “que ha traído innovación, capital y ha dinamizado al sector agropecuario”, como la concentración de la tierra en pocas manos.

Pero en lo que va de este gobierno el Ministerio de Ganadería no ha impulsado ningún proyecto de ley y en el cuerpo legislativo no hay iniciativas al respecto. En el período pasado, el Parlamento aprobó solamente con los votos de la bancada del Frente Amplio una norma que limita la tenencia de tierras por parte de sociedades anónimas, pero aún no se ha puesto en práctica por demoras en la comisión que debía llevarla a la práctica.

La Ley 18.092, sancionada en diciembre de 2006, dispone que se declara “de interés general” que los titulares de la propiedad de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias sean personas físicas; sociedades personales; sociedades, asociaciones y cooperativas agrarias; sociedades de fomento rural; y personas públicas estatales y no estatales. Establece además que las sociedades anónimas podrán ser titulares “siempre que la totalidad de su capital accionario estuviere representada por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas”, salvo expresa autorización del Poder Ejecutivo en casos en que “el número de accionistas o la índole de la empresa” le impidan cumplir con esta condición. En la reglamentación de la normativa se eliminaron las restricciones de titularidad a las AFAP, y a las sociedades comerciales, administradoras de fondos de inversión y otras sociedades similares con mayoría de títulos al portador.

La ley dispuso un plazo de dos años para que las sociedades anónimas adecuen su capital accionario; de lo contrario, “se considerarán disueltas”. Se creó una comisión en la órbita del Ministerio de Ganadería para analizar caso por caso a las SA propietarias de inmuebles y determinar las excepciones, pero como no pudo cumplir con el plazo fijado, se dictó otra ley para prorrogarlo, esta vez hasta el 31 de diciembre de 2009. Transcurrida esa fecha, el Parlamento otorgó una nueva extensión, esta vez hasta el 30 de junio de 2011.

Por la revancha

El Partido Nacional se opuso en su momento a la limitación de la tenencia de tierras por parte de sociedades anónimas. En ocasión de la discusión de la última prórroga en el Parlamento, en diciembre de 2009, los legisladores nacionalistas argumentaron que esto no elimina el problema de la extranjerización; que estimula la figura del testaferro; que implica un costo importante para las empresas que deben transformar su capital a acciones nominativas; que habilita al Poder Ejecutivo a otorgar privilegios a determinadas SA, al tener la facultad de disponer excepciones; y que la nueva normativa desalentará las inversiones.

Este martes en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, por todos estos argumentos, Lacalle dará a conocer su propuesta para derogar las leyes aprobadas en la administración de Tabaré Vázquez y sus decretos reglamentarios.

El presidente del Instituto de Colonización y ex ministro de Ganadería, Andrés Berterreche, dijo a la diaria que la voluntad del gobierno es que se cumpla el plazo previsto de junio de 2011 para que pueda aplicarse la ley, y aseguró que la comisión está trabajando a esos efectos. “Hay que darle una solución definitiva al tema”, remarcó.

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