Dice así
En el programa de gobierno del Frente Amplio “el tema de propiedad es imprescindible” en cuanto a “definir nuevas formas de regulación y de control, así como la presencia de la inversión nacional pública y privada ante el proceso de extranjerización en desarrollo”. “La política de tierras debe definirse a partir de considerar que la tierra tiene un doble carácter, es un bien de uso social y es un factor de producción primordial. El proceso de extranjerización de la tierra y establecimientos agroindustriales que se constata en los últimos años, principalmente por parte de inversores de los países vecinos, debe ser desestimulado, promoviendo el control nacional del recursos, y debe estudiarse la adaptación de la regulación para salvaguardar el uso del suelo”, añade.
A raíz de un proyecto de ley redactado por el Poder Ejecutivo a mediados de 2009, estuvo en discusión a nivel de gobierno la necesidad de crear una zona de seguridad fronteriza de 20 kilómetros, con el fin de frenar la circulación de enfermedades animales y humanas, y controlar el contrabando y el narcotráfico. La iniciativa preveía la limitación de venta de tierras a extranjeros.
Este punto generó polémica en la interna. Ante los reparos de los entonces presidente Tabaré Vázquez y ministro de Economía Danilo Astori se habló de la posibilidad de eliminar esta última disposición del proyecto, algo a lo que se opusieron el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista (PCU). Esto llevó a que la discusión se enfriara y quedara en punto muerto.
Para Rubio, éste debe ser uno de los aspectos a analizar por el grupo parlamentario que también integran los senadores Ernesto Agazzi y Jorge Saravia, ambos del Espacio 609. Además de este tema debe ponerse en discusión “el uso y el manejo” de las tierras y la posibilidad de incrementar la carga tributaria en el caso de las “concentraciones más altas”.
“Es una necesidad más que una cuestión política”, dijo, por su parte, el senador comunista Eduardo Lorier al ser consultado por esos puntos. Añadió que Brasil y Argentina ya tienen legislación y se hace necesario que Uruguay tenga “una política espejo”. Asimismo opinó que el gobierno debería ponerse como meta la compra de tierras por parte del Estado. Pese a eso, indicó que tiene claro que “a veces es considerado una utopía”, entre otras cosas porque hoy una héctarea, según Lorier, está cotizada entre 6 y 7 mil dólares cuando es apta para agricultura, y entre 3 y 5 mil dólares cuando es para ganadería. Apuntó que “el debate tiene que darse ahora como se dio el de la redistribución de la riqueza. Es uno de los desafíos programáticos del quinquenio (ver recuadro)”. “¿Hasta dónde y hasta cuándo la forestación, la soja y otros rubros, qué límites tienen en el desarrollo productivo?”, cuestionó.
Según Rubio, instalar el tema no es sólo una cuestión de agenda. Explicó que América Latina “tiene el foco” en la utilización de recursos naturales y que ya está instalada “una gran ofensiva” para su preservación y regulación. “El gobierno no puede escapar a ese contexto regional”, estimó. Si bien reconoce que “no ha tenido ni un contacto” parlamentario vinculado a la regulación de tierras, aseguró que el asunto “está en la sensibilidad del presidente” aunque no le atribuye “acciones concretas”. Lorier se expresó en la misma dirección al sugerir que es una señal política que haya acudido a fines de setiembre al Parlamento a solicitar que se busquen soluciones. “Es vital que la discusión se instale en el primer semestre”, expresó.