El intercambio parlamentario de ayer en el Senado en torno a la iniciativa que busca derogar en forma tácita la Ley de Caducidad y evitar los efectos de la prescripción a partir del 1° de noviembre pareció reeditar aquel que ambas cámaras tuvieron a principios de año y que culminó, el 20 de mayo, con el fracaso del denominado “proyecto interpretativo” que dejaba sin efecto la norma en cuestión. Aunque para esa fecha ya se conocía el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso Gelman, a excepción de alguna mención, no estuvo en el centro de la discusión. Ayer representó el principal eje de los discursos de los senadores oficialistas, mientras que el de blancos y colorados fue la “violación de la voluntad popular”. “Por empezar la sesión del Senado para tratar la ley de desconocimiento del voto de los uruguayos”, twitteó temprano el colorado Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay). Casi al mismo tiempo lo hacía Luis Alberto Heber (Unidad Nacional): “Empieza otra sesión del Senado con un proyecto que busca desconocer la opinión del pueblo uruguayo en las urnas. Nuevamente increíble”.
En contestación a este argumento, el senador Luis José Gallo (Asamblea Uruguay) leyó la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para el caso de Nibia Sabalsagaray de la Suprema Corte de Justicia (SCJ): “el límite de la decisión de la mayoría reside, esencialmente, en dos cosas: la tutela de los derechos fundamentales y la sujeción de los poderes públicos a la ley”.
Eterno retorno
Más de nueve horas duró el debate. Los legisladores volvieron una y otra vez en torno a estos puntos. La sesión fue seguida desde las barras por numerosas personas a favor y en contra de la iniciativa: representantes de la juventud colorada y blanca, de la Asociación de ex presos políticos Crysol, militantes del Partido por la Victoria del Pueblo, el Partido Comunista y Partido Socialista. Francisco Gallinal comenzó diciendo que el Parlamento “vuelve a incursionar en una temática en un proyecto de ley cuyos aspectos medulares y centrales ya hemos tratado en otras oportunidades”, en referencia a la sesión de abril que trató el interpretativo. “Tal es así que tengo en mi mesa de trabajo la exposición que me tocó realizar en nombre del Partido Nacional (PN) y podría releerla sin quitarle una coma, que se adaptaría totalmente a lo que hoy estamos discutiendo y quizás tampoco tendría nada que agregar”, resumió. “Son hechos que se van a repetir, excepto que (Eleuterio Fernández) Huidobro no puede volver a renunciar. Pero (Rodolfo) Nin Novoa vuelve a pedir licencia. Daremos la discusión las veces que sea necesaria. Pero machacona y obstinadamente insistiremos en que no se puede violentar la voluntad popular”, continuó. En su intervención, cinco horas después, el suplente de Nin Novoa, Gustavo Guarino (Alianza Progresista), aclaró que el ex vicepresidente “firmó y respalda” la iniciativa, a pesar de no estar en sala.
El sucesor de Fernández Huidobro, Carlos Gamou (CAP-L), quien estuvo ausente durante la mayor parte de la sesión, reconoció más tarde que acompañó “por disciplina partidaria”. Explicó que el sector acercó su postura pero que “no logró convencer” y que, por lo tanto, “acata” a la “casi unánime mayoría”.
En cuanto a la sentencia de la Corte IDH, Heber afirmó que “es necesario cumplirla”, aunque aclaró que no corresponde al Legislativo "decirle al Poder Judicial lo que tienen que hacer”. Asimismo señaló que los conceptos de prescripción como la tipificación de los crímenes de lesa humanidad “no son temas únicamente jurídicos, son también políticos”. “Los jueces saben lo que tienen que hacer pero hay un problema: hay discusión de cuándo prescriben”, respondió Rafael Michelini (Nuevo Espacio), miembro informante por el oficialismo. Y luego explicó por qué es necesario “legislar si son delitos de lesa humanidad y no prescriben”. “Si dentro de tres años la SCJ dice que prescriben, ¿cuál es la responsabilidad de aquellos (legisladores) que no hicimos nada?”, alegó. Añadió que le gustaría que la Justicia “se desempeñe sin aplicar esta ley”, es decir que “sólo se actuara cumpliendo y aplicando la sentencia de la Corte IDH”, y que la norma que hoy recibirá sanción definitiva en Diputados sea “subsidiaria”. “Confiamos en ella (la Justicia) porque le estamos dando este instrumento”, resumió. Por otra parte, Michelini pidió a la oposición que acompañe la declaración que será puesta a consideración en noviembre en la Asamblea General, tendiente a reconocer el mencionado fallo.
Que se lo ponga
El hallazgo de los restos producido el viernes en el Batallón 14 de Toledo por parte del equipo de antropólogos, prácticamente no estuvo en la discusión parlamentaria. Fue mencionado lateralmente por Michelini, Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) y Ernesto Agazzi (Espacio 609), pero el que lo hizo con más énfasis fue Eduardo Lorier (Partido Comunista). “Primero negaban la existencia de presos políticos, luego la tortura, después dijeron que no había niños desaparecidos, también que los desaparecidos eran mentira y que estaban en Suecia. Los escuchamos decir que no hay nadie enterrado en ningún cuartel, siempre mintieron y siguen mintiendo. Allí están Macarena (Gelman), Mariana (Zaffaroni) y Simón (Riquelo). Allí están los cuerpos de Fernando Miranda, Ubagésner Cháves Sosa y ahora otro”, expuso. Y continuó: “Quienes defienden a la impunidad, defienden secuestradores de niños, violadores, torturadores, asesinos y desaparecedores de seres humanos. Defienden a Gavazzo, Cordero, Pajarito, Medina, a los que secuestraron a María Claudia. (…) Defienden la picana, los colgamientos, los caballetes, los plantones, la paliza, las violaciones, el uso de drogas, el simulacro de fusilamiento. Eso es lo que seguirá impune si no se vota esta ley. (…) ¿Se está con la impunidad y con los impunes o no?”
Las expresiones de Lorier le cayeron mal a Luis Alberto Lacalle (Una), quien lo acusó de insultarlo. “No fue un rapto de pasión porque lo escribió, lo preparó”, dijo y le reprochó por hacerlos a los blancos “poco menos que cómplices de los delitos”. “No se lo vamos a permitir. Sabemos de qué lado fueron los que mataron”, espetó. Le siguió el colorado Ope Pasquet, quien aseguró que Lorier. “Miente cuando nos hace cómplices de esas atrocidades”. “Defendemos una solución que emana de la voluntad popular y no tiene derecho a atribuirnos intenciones subalternas. Nadie tiene derecho a pretender insultarnos”, lanzó. En respuesta, Lorier respondió: “No hemos aludido a nadie. Se han puesto el sayo”.