Un juez ucraniano condenó a siete años de cárcel a la ex primera ministra Yulia Timoshenko por un delito de abuso de poder, en un fallo que causó malestar y fue interpretado como persecución política dentro y fuera del país.
La condena además inhabilita a la actual dirigente de la oposición para ocupar cargos públicos por tres años, lo que le impide participar en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales. Según la dirigente, ése era el verdadero objetivo que perseguía con este juicio el actual presidente Víctor Yanukovich, su viejo adversario político. “La condena no me detendrá. ¡Viva Ucrania!”, gritó ayer Timoshenko.
Sus abogados anunciaron que apelarán, pero Timoshenko cuestionó a la Justicia de su país, en particular al juez a cargo del caso, Rodión Kireyev. Según recordó la agencia de noticias EFE, durante los cinco meses que duró el jucio, la ex primera ministra llamó a Kireyev “delincuente”, “verdugo”, “impostor”, “necio” y “papagayo” que repite “palabras insensatas” y ayuda de “fiscales criminales”. Ayer lo acusó de “arrebatarle la libertad a Ucrania”.
Kireyev consideró en su fallo que Timoshenko se excedió en sus potestades al aprobar acuerdos para compra de gas a Rusia, que a su entender causaron pérdidas a la empresa ucraniana de ese combustible, Naftogaz. Por eso la condenó también a pagar a esta empresa unos 200 millones de dólares como reparación.
Esos contratos, que mantienen su vigencia por diez años (2009-2019), fueron firmados en una de las tantas crisis de la “guerra del gas” entre Rusia y Ucrania, en la que la empresa rusa Gazprom no llegó a un acuerdo de tarifas con Naftogaz y cortó el suministro en pleno invierno.
Ayer el primer ministro ruso, Vladimir Putin, manifestó que no entiende los motivos de la condena a su “adversaria política”, y consideró “peligroso” poner en duda esos acuerdos que “fueron firmados en estricta consonancia con las leyes de Rusia, Ucrania y las normas internacionales”.
También la Unión Europea opinó sobre el caso. La jefa de la diplomacia del bloque, Catherine Ashton, consideró que “el veredicto llega después de un juicio que no respetó los estándares internacionales en lo referente a procesos legales justos, transparentes e independientes”. De acuerdo a EFE, agregó que esto va a tener “profundas consecuencias” en la relación entre la Unión Europea y Ucrania, y podría afectar la firma del acuerdo de asociación y libre comercio que tenían previsto firmar en diciembre. Por su parte, el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, dijo que “en una democracia son el Parlamento y los electores quienes tienen que juzgar las decisiones políticas, no los tribunales”.
El propio presidente ucraniano admitió que el fallo “obstaculiza la integración europea de Ucrania”. Reconoció además que el código penal de su país, aprobado en 1962, tiene deficiencias y que su gobierno lo va a modificar.
Los opositores ucranianos, unidos en el llamado Comité de Resistencia a la Dictadura, calificó el fallo de “represalia política” de “Yanukovich y su clan oligárquico y mafioso”, y lo consideraron “un intento de acabar con la oposición”. Varios militantes opositores fueron detenidos ayer en protestas contra la sentencia.
En un comunicado, el comité manifestó: “Hoy se priva de libertad de expresión a cada ciudadano de Ucrania. Nos arrebatan la libertad junto a Timoshenko. Pero esto no debe amedrentarnos o condenarnos a la decepción o a la apatía [...] Estas autoridades no tienen futuro y deben marcharse”.