El ex subsecretario del Ministerio del Interior Juan Faroppa entendió que la fuerte aprobación ciudadana que tiene la propuesta constitucional de bajar la edad de imputabilidad penal (40% plantea que sea a 14 años y 29% a 16 años, según la última encuesta de Equipos Mori, divulgada por esa carterta), tiene varias causas, entre ellas que “hubo una mala gestión del INAU”.
“Sobre todo en el tema de las fugas, contribuyó que por momentos hubo una gestión incorrecta del INAU”, admitió el ex jerarca de la administración de Tabaré Vázquez, quien ahora se desempeña como asesor para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Latinoamérica.
Otro factor fundamental, según comentó Faroppa, fue la aprobación de la Convención de Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia (aprobados en Uruguay en 1990 y 2004, respectivamente), que generó “mucha resistencia de grupos muy duros de opinión, que entendían que reconocer estos derechos significaba que estos jóvenes podían hacer lo que querían”.
“Desde el punto de vista comunicacional y cultural hubo una resistencia muy grande, y se empezó a transmitir la imagen de que todo lo que significa la responsabilidad penal juvenil era un viva la joda o una puerta giratoria”, dijo a la diaria.
Para el ex viceministro del Interior estos dos puntos fueron utilizados “muy sabiamente” por el sector liderado por Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay), uno de los impulsores de la campaña de recolección de firmas. “Uno puede estar a favor o en contra, pero no se puede negar que políticamente fue una jugada brillante”, opinó.
Según Faroppa, la reestructura de la cartera que lleva adelante el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, es una postura “interesante”. “Si el ministro defendiera la actual estructura ahí sí me preocuparía, porque se trata de un sistema de gestión de la Policía que responde a otra época”, señaló.
Faroppa sostuvo que la postura del ministerio de realizar una síntesis entre el modelo represivo y el de las políticas sociales está “en línea” con lo que recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El modelo hegemónico, el represivo, se ha aplicado siempre en Latinoamérica y está claro que ha fallado, pero, por otro lado, entender que los problemas de seguridad no se resuelven hasta que no se resuelvan los sociales es un negacionismo del tema”, por lo que “la CIDH dice que entre un modelo y otro es necesario buscar un nuevo paradigma, basado en los Derechos Humanos”. “Lo que se trata es de que no haya ninguna forma de impunidad, y la impunidad de los delitos comunes es también una forma de violación de derechos por parte del Estado, porque hay una persona que está afectando otros derechos y por diferentes razones el Estado no responde”, argumentó el ex jerarca, quien advirtió que “tampoco se puede entender que la seguridad es un tema que debe limitarse a los jueces, la Policía y las cárceles, porque así el sistema colapsaría”.