El proyecto de Ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por 13 senadores del Frente Amplio (FA), que ingresó a la cámara alta en junio de este año, comenzó ser tratado en la Comisión de Salud el 8 de noviembre. En esa instancia se resolvió pedir los antecedentes de la discusión de la ley Nº 18.426 de Salud Sexual y Reproductiva, aprobada por el Parlamento en noviembre de 2008 y cuyos artículos referidos a la despenalización fueron vetados por el ex presidente Tabaré Vázquez. Además, los senadores decidieron citar a una serie de autoridades, instituciones y organizaciones que trabajan en el tema para que expongan sus puntos de vistas. El 15 de noviembre, en la última sesión de la comisión, comparecieron el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel Briozzo, y el doctor Fernando Rovira, asesor jurídico de esa cartera. También estuvo la asociación civil Iniciativas Sanitarias, que llevó un equipo técnico encabezado por su directora Ana Labandera. Los profesionales de esta organización que trabaja hace 10 años asesorando para disminuir riesgos y daños en mujeres que consultan por un embarazo no deseado, propusieron modificar la redacción del proyecto de ley en algunos artículos.
La idea de la bancada de senadores del FA es que el proyecto sea aprobado antes de fin de año en esa cámara, para que luego del receso de verano sea incluido entre los primeros temas a tratar por la Cámara de Diputados en 2012. Algunos representantes del FA que han sido señalados como contrarios al proyecto, aclaran que para expresar una posición definitiva tienen que esperar al texto que tendrá media sanción y que, en principio, existe voluntad de aprobar el actual articulado. La diputada Ivonne Passada del Movimiento de Participación Popular (MPP) “comprometió” su apoyo favorable a la ley de Salud Sexual y Reproductiva “porque no estaban los votos”, aunque plantea que le “hubiera gustado” una consulta plebiscitaria del tema.
Passada no se ha declarado contra la iniciativa, pero espera que la discusión “llegue a la cámara” para plantear que “hay que mirar el tema desde otras ópticas” que no sean solamente filosóficas y religiosas. Según explicó a la diaria, la discusión sobre el plazo de la interrupción, planteada antes de las 12 semanas, “no es menor” y se “podría haber ido” por otros caminos menos complejos que esta ley, como la “modificación del código penal” y que el texto actual “podría haber unificado más” las posturas dentro del FA.
Passada plantea que es importante profundizar el debate sobre la “prevención” y poner en discusión el acceso de las jóvenes a las pastillas, que debe estar garantizado; y que en esto “hay que involucrar a los grandes laboratorios” por el costo que tienen los “anticonceptivos o la pastilla del día después”.
Por su parte, el diputado Víctor Semproni (Claveles Rojos, Espacio 609) dice que no se puede opinar sobre un texto que aún no está definido y aprobado por el Senado. Sobre su posición personal aclara que va a votar cualquier proyecto que promueva la “despenalización”, pero que sea contrario a la “legalización”, porque entiende que son conceptos distintos. En principio, Semproni “coincide totalmente con la filosofía” del diputado Álvaro Vega (MPP), que junto con la senadora Mónica Xavier (Partido Socialista) sintetizaron la redacción del actual proyecto, y si no hay modificaciones sustanciales “acompañará” la propuesta.
Vega, uno de los redactores, tiene la convicción de que el proyecto se va a aprobar porque la idea “fue hacer algo que no generara inconvenientes”. Incluso “estamos dispuestos a incorporar” las propuestas del diputado colorado Fernando Amado porque “no hacen a la esencia” de la iniciativa del FA. La comisión de salud del Senado tiene en agenda invitaciones a Amnistía Internacional y a la asociación civil Madrinas por la Vida, una organización católica que trabaja para desestimular el aborto.