Las diferencias que surgieron en la discusión del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) dentro del Frente Amplio (FA) no fueron puntuales. El primer dato relevante es que el proyecto de ley fue una iniciativa de Presidencia, cuando en general las políticas impositivas son definidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El segundo dato son las diferencias con el ICIR expresadas el miércoles en la Cámara de Diputados cuando los legisladores del Frente Liber Seregni (FLS) votaron el proyecto pero aclarando que tenían matices.
Ayer, el presidente José Mujica dijo en México que tenía “reparos” con el proyecto de rebaja del IVA mediante el uso de tarjetas, una iniciativa propuesta por el titular del MEF, Fernando Lorenzo, que considera “estratégica” una mayor bancarización de la población.
El uso masivo de tarjetas es tan importante para el MEF que estaría planeando que el proceso sea liderado por el Banco República ante el poco interés demostrado por la banca privada.
La dualidad de enfoques en la interna del gobierno ya ha tenido varios episodios y el panorama parece estar bien delineado. Por un lado, Presidencia, sus secretarías y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), donde trabajan técnicos vinculados al Movimiento de Participación Popular (MPP), pero también otros jerarcas que sin pertenecer al sector mayoritario del Frente Amplio están cerca de Mujica. Por otro lado, el MEF está integrado por profesionales mayoritariamente del FLS, sector liderado por el vicepresidente Danilo Astori.
Las orientaciones están tan claras que se ven reflejadas en informes de las consultoras que asesoran a inversores y empresarios. Según un documento de la Consultora CPA Ferrere, que fue entregado a empresarios nacionales y al que accedió la diaria, en la administración de Mujica conviven una orientación “dirigista” y otra que actúa con una “discrecionalidad promercado”.
Ambas se distinguen por las acciones en políticas tributaria, antiinflacionaria, de redistribución y de fomento al crecimiento. La primera, encarnada por la institucionalidad que rodea a la Presidencia, fomenta “gravar intensamente factores productivos rentables, ganancias elevadas y obtener retención de las exportaciones”; prevenir la inflación con “controles de precios y cuotas a las exportaciones”; una redistribución de la riqueza por “vía impositiva” y “protección y promoción sectorial” para fomentar el crecimiento. La segunda orientación, llevada a cabo por el MEF, se plantea “mantener la estructura tributaria de 2007”, y “priorizar el aumento de la eficiencia recaudatoria”; combatir la inflación fijando “metas” con “un manejo discrecional de las tarifas públicas” y “acuerdos de precios”; “más y mejor focalización del gasto público social” como política de redistribución y “estímulos y reglas para la competencia y eficiencia de los mercados, promoción de la inversión e innovación”, como motores del crecimiento. Las “preocupaciones” planteadas en el esquema señalan que existe “un gobierno con fuerte debate interno, que ha decidido resolver caso a caso sus diferencias”, “generando una agenda confusa y de muy lenta implementación”. Las advertencias son “mientras la situación internacional acompañe, las consecuencias serán oportunidades perdidas”, pero si el escenario “externo cambia”, habrá que haber “preservado las capacidades de gestión en ámbitos clave”. Algunos empresarios e inversores perciben estas diferencias como una “pelea dentro del gobierno”, por ejemplo, el presidente de la Federación Rural Miguel Sanguinetti.
Según dijo a la diaria, tanto el sector agropecuario como el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, “estamos pagando el precio de esta pelea” en el seno del gobierno.
Sanguinetti considera, además, que la decisión de la Cámara de Diputados de aprobar el ICIR refleja la imposición de una “visión atrasada y regresista”. “Lo más preocupante es que el problema va ser que por culpa de una pelea interna dentro del gobierno, cuando baje la inversión, la gente se va a quedar sin trabajo”, advirtió el presidente de la Federación Rural.