La comisión de Salud del Senado aprobó ayer, con la mayoría oficialista, el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación, luego de introducirle varias modificaciones al texto original, principalmente basadas en un borrador enviado desde el Ministerio de Salud Pública (MSP). La iniciativa, que pasó a tener de 15 a 17 artículos, incorporó la posibilidad de crear un comité clínico en la órbita del MSP que decidirá sobre situaciones que no estén previstas en la ley. Por ejemplo, si pasadas las 12 semanas existieran discrepancias en torno a la gravedad de una malformación o en torno al tiempo de gestación.
Originalmente, el texto no disponía sanción penal explícita para aquellas mujeres que interrumpieran el embarazo luego del plazo y las circunstancias previstas por la futura ley. Esto fue modificado “para que no quedara un vacío legal” al respecto, explicó a la diaria la senadora frenteamplista Constanza Moreira (Espacio 609), integrante de la comisión. En ese sentido, la modificación contempla que se configure el delito, que será penado con medidas alternativas a la prisión, con el objetivo de que la mujer “no vuelva a pasar por la circunstancia de un embarazo no deseado”. En cambio, a los operadores médicos y no médicos que practiquen el aborto por fuera de la norma les corresponderá pena de prisión.
Un tercer aspecto incorporado es que las mujeres menores de 18 años deben dar su consentimiento para abortar a sus representantes legales. En caso de que no exista o haya discrepencias entre ellos, dirimirá un juez, que dispondrá de tres días para hacerlo. “De esta forma, triunfa la autonomía de la menor”, destacó Moreira. La senadora destacó que en la comisión había legisladores que no estaban de acuerdo con el proyecto pero que “dieron sus sugerencias e hicieron innumerables aportes a la redacción”, en referencia, por ejemplo, al senador colorado Alfredo Solari.
La comisión aprobó la iniciativa mientras la Mesa Coordinadora Nacional por la Vida se manifestaba en las afueras del Palacio Legislativo, a la altura del balcón de la sala donde se estaba sesionando. Representantes de la coordinadora entregaron a los senadores una carta de repudio por la forma “apresurada” como “se trató y se pretende votar” el proyecto, “a espaldas de la ciudadanía”. También una delegación evangelista se acercó al Palacio Legislativo y pidió -y consiguió- ser recibida por la comisión, a la que expresó su pesar, en coincidencia con la consigna de la mencionada coordinadora.
Está previsto que el proyecto de ley se vote en el plenario el martes, en una sesión extraordinaria, con los votos del Frente Amplio y el del senador colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay, VU). En Diputados al oficialismo le faltará el voto del representante por Salto Andrés Lima, que no acompañará y no enviará suplente en su lugar.
En tanto, el colorado Fernando Amado (VU) confirmó ayer en diálogo con la diaria que votará la iniciativa, ya que además de estar filosóficamente a favor, fue modificado el proyecto original y se tomaron en cuenta propuestas de cambios a la iniciativa que Amado había presentado en la cámara baja; por ejemplo, que quede explícita la sanción penal cuando el aborto se practique luego de transcurridas las 12 semanas. Con este panorama todo indicaría que la despenalización del aborto será un hecho en 2012.