El martes de noche, y a instancias de la bancada de Alianza Nacional, la Junta Departamental de Flores aprobó, con votos blancos y colorados, un decreto que faculta al intendente Armando Castaingdebat a emitir “certificados de créditos” para aquellos contribuyentes que vean incrementado el valor de su patente a partir de la aplicación del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). Desde el Frente Amplio (FA) aseguran que se trata de una medida ilegal, que podría ser recurrible en caso de que la comuna resuelva instrumentarla y temen una “ruptura” del acuerdo nacional, oficializado ayer por el presidente José Mujica y los 19 jefes departamentales. “Algún problemita va a haber”, dijo el mandatario a la salida del encuentro.
En este caso, la propuesta de Flores consiste en otorgarle un beneficio económico a sus contribuyentes que se vean afectados por la patente única, de modo tal que mantengan sus vehículos empadronados en ese departamento.
“Por ejemplo, si hoy pagás 10 mil pesos de patente y con el Sucive empezás a pagar 15 mil, lo que la intendencia hace es otorgarte un certificado crédito por 5 mil pesos para usar con otros tributos, que incluso pueden ser transferibles a otras personas. Es algo totalmente desprolijo”, explicó a la diaria el diputado Guzmán Pedreira (Movimiento de Participación Popular), que ayer se puso en contacto con Presidencia de la República, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), para alertar por la resolución que avaló el legislativo departamental.
Según Pedreira, en Flores no hay prácticamente valores de contribución urbana superiores a los 5.000 pesos, y en definitiva el mecanismo se terminará aplicando para pagar contribución rural, tasa de semovientes y otros impuestos más caros.
“Pero lo peor de todo es que se puede armar un mercado negro con todos estos créditos.
En síntesis, sería un suicidio aplicarlo. Estamos al borde de la cornisa: si el intendente avanza otra vez estaríamos violando un acuerdo nacional, según nos explicaron en el Congreso de Intendentes y en la OPP” advirtió Pedreira.
En caso de seguir adelante con la aplicación del decreto, según Pedreira, la Intendencia de Flores quedaría prácticamente afuera de las partidas establecidas por el artículo 214, que en este caso implican unos 98 millones de pesos anuales, es decir 40% del presupuesto municipal. “Si eso pasa estamos hablando de una intendencia en quiebra. Sería algo gravísimo”, alertó el diputado del MPP.
Fuentes de la OPP consultadas explicaron que si bien el decreto aprobado el martes faculta al intendente a otorgar estos certificados, se trata de algo “difícilmente aplicable”, debido a la “dudosa legalidad” de que el Ejecutivo Departamental “emita valores, algo que es recurrible”. Por otra parte, según dijeron, el texto llegó a la Junta Departamental sin la firma del intendente.
Por su parte, el otro diputado de Flores, Ricardo Berois (Unidad Nacional), dijo que si bien los ediles de su sector terminaron votando la propuesta -solamente no la acompañaron los ocho ediles del FA-, sería “interesante” preguntarle a Castaingdebat si está dispuesto a utilizar la herramienta. “No creo que sea una medida que vaya a tener efecto y no tengo claro si Armando está dispuesto a hacerlo, sabiendo lo que implican los ingresos por el 214. En mi caso nunca fui partidario de negociar a partir de los acuerdos por patente única, que hasta ahora se han cocinado entre el Congreso de Intendentes, la OPP y la prosecretaría de la Presidencia”, manifestó Berois.