Esta semana el Poder Ejecutivo firmará el decreto que regula la televisión digital, aunque finalmente no incluirá el cobro del canon por la utilización del espectro radioeléctrico, una medida que apuntaba a fortalecer a la industria audiovisual nacional y que había sido cuestionada por la Asociación de Broadcasters Uruguayos (Andebu).
La gremial que nuclea a los operadores privados había amenazado con presentar un recurso de inconstitucionalidad alegando que los cambios tributarios no pueden decretarse y, por eso, el gobierno apelará a la elaboración de un proyecto de ley.
De hecho, el decreto que estará pronto en estos días incluirá un artículo que le encomienda a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) -dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería- la redacción del texto que se enviará al Poder Legislativo.
Las organizaciones sociales avalan que el Poder Ejecutivo haya tomado esta decisión en virtud de cuestiones de formas, pero reclaman que el proyecto tenga un ágil tratamiento. "Es correcto no dejar flancos abiertos, pero vamos a insistir en que se trata de una medida justa y que, por eso, tiene que tramitarse con rapidez. De hecho, los detalles de cómo sería este canon estaban en el borrador del decreto", dijo José Imaz, de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD). Allí se exigían contraprestaciones económicas para quienes utilizan este bien público: aquellas empresas que facturen anualmente más de dos millones de Unidades Indexadas (unos 235.000 dólares) deberán aportar al Estado 1% de la facturación bruta, y las que facturen igual o por debajo de eso, 0,5%. Según Imaz, esos porcentajes, de hecho, son "sensiblemente inferiores" a los que se cobran en otros países de la región, algo que la Dinatel debería tener en cuenta al momento de elaborar el proyecto.
En casa de herrero
Las políticas públicas en comunicación fueron tema central de un taller realizado en el marco de la Cumbre Social del Mercosur, al que concurrieron especialistas de los cuatro países que integran el bloque y en el que quedaron reflejadas las dificultades para trabajar articuladamente.
Carlos Borgna, miembro de la cancillería argentina y coordinador de la reunión especializada de comunicación social del Mercosur, planteó la dificultad que su país tuvo para incorporar otros actores y puso como ejemplo el caso uruguayo. Borgna señaló que el objetivo del trabajo es acercar a los países en búsqueda de una comunicación democrática y que, en el caso uruguayo, recién ahora la CCD se está acercando al trabajo. Consultado sobre este punto, otro integrante de la CCD, Edison Lanza, opinó que a Uruguay le ha costado poder involucrarse en el trabajo de cara al Mercosur.
Carla Azevedo, jefa de comunicación del Instituto Social del Mercosur, dijo a la diaria que los países del Mercosur han avanzado en discusiones referentes a los cambios en las leyes de comunicación, pero que “aún falta mucho”. “No conocemos lo que verdaderamente está pasando dentro de los países [...]. Hace falta un estudio de diagnóstico que haga un análisis comparativo de la legislación de los países. Las leyes y realidades son distintas, pero hay desafíos que son comunes”, concluyó la funcionaria del Mercosur. En nombre de la CCD, Lanza planteó algunos de los avances en la legislación uruguaya impulsados por la sociedad civil y apoyados por el gobierno, como la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Radiodifusión Comunitaria y la nueva Ley de Prensa. Asimismo, Lanza destacó algunas leyes pendientes, como la Ley de Servicios Audiovisuales y la de Asignación de Publicidad Oficial.
En el taller también habló Pedro Lanteri, coordinador de la Comisión de Comunicación del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil. Dijo que en Argentina el proceso de implementación de la Ley de Servicios Audiovisuales “está detenido en algunos aspectos”. Puso como ejemplo que el grupo Clarín recurrió a la Justicia en reclamo por algunos artículos de la ley y agregó que la oposición utiliza a los medios para “judicializar el conflicto, presentándose ante algunos jueces adictos a su ideología”, para “congelar su implementación”. Esto ocurrió con tres artículos, pero el más conflictivo es el que genera que el grupo deje de administrar cerca de 100 medios. Igualmente, Lanteri aseguró que la ley “está plenamente vigente” y que, como cualquier proceso, su implementación es gradual.