El 22 de agosto, el Consejo Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal (CDGAP) resolvió pedir la recorrección de las pruebas del concurso de jefes de sección administrativo por ascenso. Esto ocurrió una vez que ya habían sido entregados los resultados de las pruebas a los concursantes y a partir de un pedido de algunos de los perdedores, que se quejaron de criterios disímiles en la corrección de la prueba y de su nivel de exigencia. Los funcionarios que habían ganado el concurso comenzaron a señalar que el proceso viola la ordenanza de concursos de la universidad, y que “hay un especial interés por que los funcionarios que perdieron accedan a los cargos. Muchos de los que perdieron están actualmente subrogando las jefaturas, y si se cambian los puntajes podrían acceder a los cargos en efectividad”, comentaron. La subrogación es una forma de llenar un cargo provisoriamente hasta tanto se realice el llamado correspondiente.
Mariela Martínez, vocera del grupo, sostuvo que “en la ordenanza de concursos de la Udelar no existe la recorrección. Lo único que se puede hacer es homologar el fallo, o si se detectan vicios graves de procedimiento se debe anular total o parcialmente el llamado”. Consultado por la diaria, el rector de la Udelar, Rodrigo Arocena, indicó que “todo el proceso de adopción de resoluciones se hizo con permanente asesoramiento jurídico y procurando ajustarse a la normativa vigente, incluso en lo que se refiere a las atribuciones delegadas al Consejo Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal”.
El meollo
En un informe solicitado por el rector, la División General de Jurídica de la Udelar constató la presencia de supuestas irregularidades, como la “anulación de pruebas por presunta identificación de concursantes”. Con respecto a esto, los funcionarios entienden que “es gravísimo” incluir a los anulados por identificación, debido a que “cualquier marca en la hoja puede identificar al concursante ante el tribunal”. El informe de Jurídica señala al respecto: “El tribunal se ha excedido en casos donde el aspirante no ha indicado su nombre o no ha suscripto la prueba, sino que se ha realizado un garabato o ha utilizado un nombre de fantasía o el de una persona reconocida en el ambiente artístico”, que según el informe: “No altera ni viola el anonimato del aspirante”. la diaria pudo acceder a la planilla del tribunal, en la que la mayoría de los anulados por identificación figura por haber firmado con su nombre o rúbrica habitual, solamente en un caso se firmó con iniciales y en otro se escribió un mensaje al tribunal. “El día de la prueba se nos dijo 1.000 veces que no firmáramos la hoja”, dijo una de las concursantes. “En otro concurso a una compañera le anularon la prueba solamente por engrampar las cuatro hojas y se homologó el fallo sin que nadie protestara”, comentó una integrante del grupo de funcionarios.
Otro punto cuestionado en el informe tiene que ver con la “formulación de preguntas que admiten más de una respuesta correcta” y un “error en la formulación de una pregunta que admite una única solución correcta distinta a la identificada como buena por el tribunal”. Los funcionarios plantean que las dos opciones que Jurídica marca como correctas en una de las preguntas tienen contenido contrapuesto. Además, sostienen que en una de las preguntas la respuesta correcta, según plantea el informe de Jurídica, no se ajusta a los materiales que fueron encomendados para su estudio en la prueba.
Finalmente, el informe también señala como irregularidad el hecho de que se hayan destruido los borradores de corrección. Sobre este punto, Martínez sostuvo: “Un borrador no es un documento oficial”. La División de Jurídica constató que no se justificaron adecuadamente las subas de puntaje realizadas a algunos concursantes.
Consultado acerca de por qué no hubo una sanción al tribunal, tal como lo establece la ordenanza de concursos de la Udelar, Arocena señaló: “Las fallas detectadas por el informe jurídico en una parte de las actuaciones del Tribunal no son en principio sino errores. Todos -las personas y las instituciones- cometemos errores. Los ejemplos pueden encontrarse en nuestra institución y en otras. Lo importante es tener procedimientos y disposiciones para detectarlos y corregirlos”.
A partir del pedido de recorrección del CDGAP, el tribunal se negó a hacerlo, por entender que de continuar con el proceso, se violaría el principio de imparcialidad. Por medio de una nota, el tribunal plantea que los cuestionamientos de algunos de los concursantes se plantean “desde el terreno de la ofensa, superándose holgadamente el espacio de la crítica respetuosa y ponderada”. Finalmente, entendió que proseguir con la recorrección sí constituiría un “claro vicio en el procedimiento” que daría lugar a futuros recalamos.
La Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR) apoyó el planteo de estos funcionarios y se pronunció a favor de la homologación del fallo, en el plenario del 22 de noviembre.
Lo que viene
El CDC, en votación partida, resolvió no homologar el fallo original y, ante la renuncia del tribunal, debió volver a conformarlo.
Ahora resta esperar que el nuevo tribunal recorrija las pruebas y se expida, lo que se estima que no será antes de abril del año que viene. “A partir de la resolución tomada el martes estamos trabajando para que cuanto antes quede reintegrado el tribunal y proceda a completar la labor pendiente, de modo ágil y ajustado a derecho. Me parece claro que ello va en el mejor interés de los concursantes, del concurso como procedimiento y de la universidad en su conjunto. Respetando como siempre las opiniones diferentes -que en este caso son muchas y muy variadas- y sin descalificar jamás a quienes ven las cosas de manera distinta a la nuestra, el prorector de Gestión [doctor Ricardo Roca] y yo hemos asumido la responsabilidad que nos corresponde de impulsar, entre las soluciones propuestas, la que nos parece que ofrece menores dificultades para el presente y el futuro”, dijo el rector.
El grupo de funcionarios que se manifestó disconforme con la resolución del CDC va a presentarse ante el Tribunal en lo Contencioso Administrativo (TCA) para pedir la anulación de la resolución del CDC y, además, va a remitir el caso a la Comisión de Trabajo del parlamento.
Los funcionarios sostienen que lo más llamativo es que la prueba se hizo el 14 de abril y que hasta el 13 de junio -cuando se conocieron los resultados- nadie había visto ningún problema en el concurso. Los funcionarios alegaron también que las pruebas se encuentran actualmente escritas a lápiz e identificadas en una caja en la sección concursos, en la que hay muchos funcionarios que lo perdieron. “Cualquiera puede ir y arrancar una hoja o cambiar una respuesta. No tenemos ninguna garantía de que no hayan sido vulneradas”, comentó una de las funcionarias. “En toda la labor universitaria, y en particular en algunos aspectos mencionados en torno a este concurso, no trabajamos desde la desconfianza, sino por el contrario desde la confianza a priori y el control a posteriori”, respondió Arocena, consultado sobre el tema.