El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió ayer un comunicado en el que rechaza el “apresuramiento” del gobierno al “emitir un decreto en una fecha inadecuada, sin haber favorecido todas las instancias posibles de diálogo y negociación con los trabajadores de AFE [Administración de Ferrocarriles del Estado]”, en referencia a la norma presentada el lunes en la última reunión del año del Gabinete Productivo.
“Eso es ridículo y me molesta sobremanera. El 29 de noviembre fui yo mismo al secretariado y delante de todos los dirigentes comuniqué la posición que tiene el gobierno de sacar el decreto con todas estas características”, criticó, en diálogo con la diaria, el asesor presidencial Julio Baráibar, principal interlocutor del gobierno en la negociación con la Unión Ferroviaria (UF).
El ex ministro de Trabajo y Seguridad Social recordó además que el 12 de diciembre le entregó por escrito a la dirección del PIT-CNT las garantías en las condiciones de trabajo que iban a tener los operarios de AFE en la reestructura de la empresa. Por otra parte, aseguró que a fines de noviembre ya había asegurado a los representantes de la UF que el gobierno estaba por sacar el decreto, una postura que, según dijo, fue ratificada el 22 de diciembre.
Baráibar considera que se les daba amplias garantías a los trabajadores que no quisieran ingresar al derecho privado, que incluían, entre otros beneficios, la posibilidad de jubilarse para aquellos que cumplieran 55 años en este período y recibiendo un subsidio para equipararse con su sueldo actual, así como la opción para todos los trabajadores de mantenerse en las tareas de infraestructura de AFE, que continuará regida bajo el derecho público. “No se iba a mandar a nadie por obligación al derecho privado ni tampoco se iba a derivar a ningún trabajador a ningún ministerio”, explicó.
Según dijo Baráibar, esta garantía para los trabajadores todavía está vigente. “Salvo que en algún momento nos declaren una guerra santa. Si eso pasa, los tendré que llamar en algún momento y decirles que eso estará siendo interpretado por el gobierno como que rechazan la oferta”, continuó. Baráibar explicó que de los poco más de 1.000 trabajadores que tiene AFE, alrededor de 650 permanecerán en la órbita del derecho público, ya que desempeñarán tareas en áreas que el ente dedicará a la infraestructura, mientras que los otros 350 pasarán al derecho privado.
También aseguró que los trabajadores “no entienden” que en esta reestructura “no se trata de privatizar, sino estatizar”: “Hoy más de 90% del transporte de carga se realiza en forma privada y nosotros queremos tener un porcentaje de esa logística estatizada, entonces no es lo que dicen los trabajadores, sino todo lo contrario. Es una empresa del Estado y lo va a ser siempre”. A pesar de las diferencias, el jerarca destacó que la negociación con la UF fue “de guante blanco”. “Este gobierno va a reactivar el ferrocarril y la UF va a ser más grande que nunca”, remató.
Otras visiones
La declaración del PIT-CNT expresa “solidaridad” con los trabajadores de AFE y hace referencia a la necesidad de defender “sus derechos y condiciones de trabajo”. Sin embargo, ayer Últimas Noticias publicó declaraciones de dirigentes de la central como Juan Castillo (Partido Comunista) e Ismael Fuentes (Articulación), que relativizaron los reclamos de la UF. Fuentes dijo que la reestructura no es “privatizadora”, mientras que Castillo aseguró que los trabajadores tienen todas las garantías laborales al pasar del derecho público al privado. “No están siendo afectados”, aseguró.
Por su parte, el diputado comunista Hugo Dávila es crítico con el decreto gubernamental. “Cuando votamos en el presupuesto [la creación de la dirección de transporte ferroviario] pensábamos que iba a haber una base de acuerdo que contemplara todas las partes”, recordó. No obstante, afirmó que todavía no entiende “cuál es la razón para sacar a los trabajadores del derecho público, porque hasta ahora no me ha quedado claro”.
Además, Dávila opinó que hubiera sido mejor “profundizar la discusión [con el sindicato] y que podría haber habido un acuerdo con los trabajadores, que sostuvieron esta empresa maltratada, a base de su esfuerzo”. “Ahora, en medio de las fiestas, aparece un decreto que parece que prácticamente impuso esta reforma”, evaluó.