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Manifestantes portan un cartel en el que se muestra a una heroina de comic llamada Blue Bra dandole una patada a un soldado bajo la palabra gescandaloh, en arabe, durante un acto de protesta contra la junta militar que gobierna Egipto, ayer, en la plaza Tahrir en El Cairo.

Foto: Efe, Khaled Elfoqi

Por protestar

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La Justicia prohibió a la Junta Militar que gobierna Egipto realizar pruebas de virginidad a detenidas.

Una mujer que denunció a la Junta Militar egipcia por someterla a torturas y a una prueba de virginidad, dijo que no creía que la Justicia de su país la escuchara. “Si [el juez] fuera realmente independiente del poder, fallaría a favor mío”, declaró semanas atrás Samira Ibrahim a un diario local y a la organización civil Human Rights Watch. El fallo judicial que le dio la razón causó satisfacción ayer a ella y a los manifestantes que apoyaron su causa, aunque los militares lo consideran “inaplicable”.

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Las pruebas de virginidad forzadas fueron denunciadas como “tortura” y “violencia sexual” por organizaciones egipcias e internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW). El tema fue objeto de una campaña por parte de estos activistas cuando Samira Ibrahim denunció haber sido detenida, el 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer y luego de la caída del gobernante Hosni Mubarak. Participaba de una manifestación pro democracia que fue dispersada por la Policía Militar. Junto a ella -denunciaron el diario egipcio Al-Shourouk y HRW- todo un grupo de personas fue sometido a torturas, entre ellas aplicándoles descargas eléctricas.

Luego Ibrahim fue llevada con un grupo de mujeres a la cárcel, donde permaneció hasta el 13 de marzo. Allí volvieron a ser torturadas, obligadas a desnudarse en presencia de militares y sometidas a pruebas de virginidad. En un video publicado por HRW, ella denunció también que en el centro de detención aún se exhibía la foto de Mubarak y que en el furgón que las llevó detenidas fueron fotografiadas con bombas Molotov que les pusieron los propios militares en las manos para poder condenarlas.

La joven egipcia, de 24 años, denunció que los partidos de oposición la “traicionaron” al no apoyarla cuando presentó la denuncia. “No quisieron problemas con los militares”, dijo. Además ella recibió amenazas y la acusaron de ser traidora a la patria.

Si el juez fuera “realmente independiente del poder, fallaría a mi favor” dijo Ibrahim, quien consideró que en cualquier caso, no sería fácil condenarla.

Ayer decenas de personas se reunieron ante el juzgado a esperar el fallo del tribunal administrativo y en apoyo a las denunciantes; una segunda mujer, Maha Mohamed Maamoun, fue detenida junto a Ibrahim. Los manifestantes corearon “Que caiga el gobierno militar”. Cuando se hizo pública la decisión del juez exclamaron “Viva la Justicia” y “El pueblo quiso y triunfó”, informó la agencia de noticias EFE.

En mayo, un general egipcio que solicitó el anonimato, justificó las pruebas de virginidad en declaraciones al canal CNN. Esas mujeres “no son como su hija o la mía, sino muchachas que han compartido carpas con manifestantes varones”, dijo. Además, agregó que las pruebas servían para evitar que las jóvenes pudieran acusar a los militares de violación. En tanto, el jefe de la Justicia Militar, Adel Mursi, dijo a la agencia de noticias AFP que el fallo “es inaplicable” porque “no existe ninguna orden de realizar esas pruebas” en las cárceles. “Si eso ocurre, es un acto individual, que puede justificar una investigación criminal”, agregó.

A pesar de todo, las campañas internacionales y la presión de la población tuvieron efecto y el fallo de ayer se sumó a otros del fin de semana, también a favor de los manifestantes egipcios. El domingo la Suprema Corte de Seguridad del Estado, un tribunal de excepción, ordenó la liberación del bloguero y militante Alaa Abdelfatah, detenido desde el 30 de octubre por “incitar a la violencia contra las Fuerzas Armadas” en una manifestación de cristianos coptos que protestaban contra el incendio de una iglesia. El sábado, la misma corte dispuso la liberación de 30 personas, acusadas de haber atacado la embajada de Israel el 30 de setiembre.

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