Ya antes del acuerdo que alcanzó la Unión Europea, analistas señalaban que la crisis económica parte de errores de diseño que tuvo la implementación del euro, sin instituciones democráticas que lo regularan o incluso respaldaran, excepto el Banco Central Europeo. Así, indicaban, las decisiones sobre los aspectos nacionales que afectan a todo el bloque -como las crisis económicas- las toman los liderazgos más poderosos de turno, y son impuestas a los gobiernos nacionales. Esas decisiones, apuntaban, deberían ser tomadas por una institución democrática regional y no por liderazgos aislados y momentáneos.
La falta de una "macro-democracia" en el bloque lleva a situaciones como la previa al rescate griego: el presidente de la Comisión Europea, el portugués José Manuel Durão Barroso, y el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, el finlandés Olli Rehn, fueron las voces que más reclamaron públicamente un gobierno de transición, tecnócrata, en Grecia. Según señaló el analista José Ignacio Torreblanca en una columna del diario El País: ésta es una "Europa de la austeridad, donde un portugués y un finlandés no respaldados por las urnas pueden sugerir quién debe gobernar un país", y agrega que esa actitud se parece "sospechosamente" a la asumida por el Fondo Monetario Internacional, "que campeaba" por América Latina en los años 80.
No hay un consenso sobre qué efecto tendrá el nuevo acuerdo que, se espera, comenzaría a regir en marzo. Sí se acordó que los presupuestos de los países del bloque se comprometieran con la estabilidad y la disciplina fiscal, pero el desconocimiento sobre qué significaría la firma del tratado impide, por ejemplo, que se sepa si los países del bloque buscarán su ratificación en el Parlamento o su aprobación en referendos.
También a la hora de analizar las propuestas del nuevo tratado -como en el encuentro que las vio nacer- están los europeístas y los euroescépticos. Así, algunos destacan el acuerdo como histórico y señalan que “por fin” un proyecto de unión económica y financiera completa la unión monetaria iniciada con el euro en 1999. Ahora, subrayan, el euro sí estará respaldado por un acuerdo financiero supranacional.
Para otros es supranacional y también post soberano. Así lo ven quienes sostienen que Alemania y Francia a “dictado” de los imperativos e invisibles “mercados”, reconstruyen el proyecto europeo menos democrático, donde los países no son dueños de manejar sus economías.
“Si no sabemos defender el modelo social europeo, lo perderemos”, sostiene el eurodiputado socialista Alejandro Cercas en declaraciones al diario español Público. Subrayando la palabra “social”, también el director del periódico, Jesús Maraña, tituló su columna el domingo: “Europa pierde apellidos”.
Sin embargo, bien lo dijo el domingo Manuel Valls, el portavoz de François Hollande, el candidato socialista a la presidencia de Francia -y favorito para las elecciones de mayo-: “el nuevo tratado no se sabe bien lo que es”. Agregó que será rechazado por los socialistas en el Parlamento, lo que impediría su aprobación.
En la mayoría de los países del bloque el acuerdo deberá ser ratificado en el Parlamento. En otros, su aprobación podría depender de la opinión de la población. Tal es el caso de Irlanda, que si debe reformar la Constitución para incluir la “regla de oro” (como la incluida recientemente en España, que establece como prioridad el equilibrio económico), deberá llamar a un referendo.
La ministra irlandesa de Asuntos Europeos, Lucinda Creighton, señaló en declaraciones a la agencia de noticias Reuters que el tema se analizará en las próximas semanas. Irlanda rechazó en los últimos años dos transferencias de poderes del gobierno nacional a la Unión Europea.
Por fuera
El rechazo del primer ministro británico David Cameron a unirse al nuevo acuerdo e incluso su intento de vetarlo, generó fricciones en la alianza de gobierno que comparten los conservadores que él dirige con el Partido Liberal Demócrata. La ausencia del viceprimer ministro y líder de los liberales demócratas Nick Clegg en el Parlamento, cuando Cameron explicó su decisión en la cumbre de Bruselas, fue interpretada como un desplante.
Horas después de que Cameron manifestara su rechazo al acuerdo en la cumbre de la UE, en Londres, Clegg reconoció en declaraciones a la BBC que el primer ministro no lo consultó antes de vetar el acuerdo y lamentó que jugara mal sus cartas en la cumbre.
Por su parte, el Partido Conservador arropó a Cameron y lo acompañó en su postura, al sostener que lo que exige la Unión Europea es una pérdida de soberanía para los británicos.
Ahora, tanto euroescépticos como simpatizantes de la integración vislumbran un futuro fuera de la UE, cada uno de ellos condimentado con su punto de vista político.
Quizás también recorra el camino del referendo la República Checa -que a diferencia de Irlanda no está en la eurozona-, cuyo gobierno euroescéptico reclamó que antes de firmar el tratado debía, al menos, consultarlo con el Parlamento. Ni el primer ministro Petr Necas, ni el presidente Vaclav Klaus, han ocultado su rechazo hacia la cesión de soberanía fiscal, y su bancada -mayoritaria en el Parlamento- también la rechaza, por lo que probablemente el acuerdo naufrague.
La consulta al Legislativo se repetirá en todos los países miembros de la UE que conservan su moneda, excepto Reino Unido. Además de República Checa, éstos son Bulgaria, Dinamarca, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Suecia.
El primer ministro sueco, el conservador Fredrik Reinfeldt, recordó que el oficialismo no cuenta con la mayoría suficiente en el Parlamento como para hacer aprobar el nuevo tratado, por lo que condicionó su ratificación a la decisión del opositor Partido Socialdemócrata, que aún no dio a conocer su posición. Reinfeldt señaló que sumarse al acuerdo implicaría acercarse cada vez más al euro como moneda nacional, algo que ya fue rechazado por los suecos en 2003 en un referendo. Según los últimos sondeos, el 65% de los suecos volvería a votar así, y el rechazo a la moneda común cayó al récord de 10%.
En Dinamarca, otro de los países extra eurozona que someterá el acuerdo al voto parlamentario, se prevé su aprobación, pero en los últimos años, al igual que en Finlandia y Holanda, se vio el crecimiento de partidos antieuropeos como los Auténticos Finlandeses, en el Parlamento.
Por dentro
Todavía se desconoce si los 17 países de la eurozona someterán el acuerdo al Parlamento. Sin embargo, en algunos de ellos, como Holanda, incluso las fuerzas en el Ejecutivo podrían dificultar su aprobación.
En Holanda, el aliado del gobierno y líder de la extrema derecha Geert Wilders, cuyo Partido de la Libertad, antiinmigrante y antiislamista, fue la segunda fuerza más votada en las elecciones de 2009, anunció que pidió un informe a una “reputada agencia internacional” sobre las consecuencias de que su país regrese al florín. La iniciativa de Wilders, cuyo apoyo es fundamental para que el gobierno del primer ministro Mark Rutte se mantenga en pie, generó que el Ejecutivo en bloque saliera públicamente a defender el euro y rechazar la vuelta a la moneda nacional, que sería, según Rutte, “una receta para el desastre”.
Sin embargo, los holandeses parecen estar más cerca de Wilders que de Rutte: según un sondeo publicado el mes pasado al 58% de ellos le gustaría que su país hubiera mantenido al florín como su moneda, informó la agencia de noticias Reuters.
Otros países de la eurozona parecen no tener una verdadera libertad de opción. Es el caso de aquéllos en los que el gobierno cayó como consecuencia de la crisis, en los cuales llegaron al poder los partidos o figuras que fueron los favoritos de los mercados y también de los países con más peso en la UE. Es el caso de Italia, Grecia, Portugal, Eslovaquia y también de España, donde fueron adelantadas las elecciones, entre otras cosas, por las consecuencias de la crisis.
Así, se asume que los gobiernos del italiano Mariano Monti, el griego Lucas Papademos, el portugués Pedro Passos Coelho, la eslovaca Iveta Radičová, y el español Mariano Rajoy asumirán sin chistar el nuevo acuerdo y se encargarán de su aprobación.
Lo mismo se espera de los nuevos gobiernos en Eslovenia y Croacia, donde se celebraron elecciones el 4 de diciembre y las victorias fueron para quienes exigían mayores compromisos de la UE y asumían que debían hacerse mayores recortes.
En espera de marzo -y de la aprobación o no del acuerdo- quedan los 25 millones de desempleados, 40 millones de pobres y 80 millones de personas al borde de la pobreza que dejó la crisis. También quedan las protestas, los rechazos al gasto social y el retraso de las jubilaciones, la serie de medidas hijas de la crisis que agobian a los europeos.