La expectativa es que el tema quede resuelto el lunes en el marco de la Mesa Política del Frente Amplio. Ayer, tras la reunión de la comisión redactora del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad en la sede frenteamplista, las fuentes consultadas por la diaria destacaron “el ambiente de acuerdo” y el hecho de que “hay posibilidades de que salga para adelante” el proyecto, aunque todavía no se pueda hablar de un “compromiso definitivo”.
En representación de los senadores Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista, AP) y Eleuterio Fernández Huidobro (CAP-L) asistieron al encuentro Julio Pérez, delegado de AP en la Mesa Política, y el diputado Carlos Gamou, suplente del segundo en el Senado. La comisión quedó a la espera de que ambos legisladores “den una respuesta” en el correr del fin de semana. Según las fuentes, el plazo quedó determinado por el hecho de que el lunes la Mesa Política debe cerrar el informe que elevará al plenario previsto para el sábado siguiente. La CAP-L, por lo pronto, fijó la reunión del ejecutivo nacional para mañana.
En la reunión de ayer también participó el canciller, Luis Almagro, quien fue convocado por la comisión. Desde su entorno, afirmaron a la diaria que no asistió en representación del Poder Ejecutivo sino “a título personal, como un militante frenteamplista más” y en esa calidad participa del ámbito desde el inicio. De la misma manera, aseguraron que el canciller respalda la modificación manejada ayer y que abre la posibilidad de un acuerdo para que el proyecto tenga los votos en el Senado, ya que “no se afectó” el contenido sustancial: la inaplicabilidad de la Ley de Caducidad y la posibilidad de que se puedan reabrir causas archivadas.
Según pudo saber la diaria, el texto en cuestión es la versión aprobada en Diputados, pero con algunos cambios, tomando en cuenta los aportes de la propuesta presentada por el ex senador y socialista José Korzeniak (ver la diaria del 10/03/10). Entre las modificaciones se incluye un reconocimiento explícito de la independencia del Poder Judicial y de que “el ejercicio de la función jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) deriva de la forma republicana de gobierno”. Asimismo, se declara como “interpretación obligatoria y en cumplimento de la jurisprudencia pacífica y constante de la SCJ que los artículos 1, 3 y 4 presentan una ilegitimidad manifiesta y son incompatibles con la Constitución”. Esto significa que, si el texto prospera en el Senado, volverá a la Cámara de Representantes.
Jorge Saravia (Espacio 609) no fue convocado a participar en las negociaciones iniciadas en octubre ya que en una reunión con el presidente del FA, Jorge Brovetto, dejó claro que su postura no cambiaría. Para aprobar el proyecto se requiere mayoría simple, es decir, 16 de los 17 votos que tiene la bancada oficialista; por lo tanto, el de Saravia no es necesario.