“A 35 años, y después de retrocesos y leyes de impunidad que impidieron hacer justicia, hoy hay juicios en todo el país y estamos tratando de que termine la impunidad para que no se vuelva a cometer esos hechos atroces”, dijo Nora Cortiñas, de la organización Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, a Radio Provincia. En una solicitud publicada en varios diarios con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la presidenta argentina, Cristina Fernández, destacó las políticas contra la impunidad impulsadas desde 2003, cuando su esposo, Néstor Kirchner, llegó a la Casa Rosada. Señaló que el 24 de marzo de 1976 “las corporaciones económicas, los sectores civiles subordinados a ellas y los grandes medios monopólicos de prensa, conjuntamente con las Fuerzas Armadas”, dieron un golpe de Estado. Con esas palabras, adoptó una perspectiva parecida a la de Cortiñas, quien anunció que su organización planea “empezar juicios contra los civiles que provocaron genocidio económico”.
En tanto, jóvenes del Movimiento Evita y de la Juventud Sindical hicieron un escrache en la autopista 25 de Mayo, frente a los estudios de Canal 13 y de Todo Noticias, para denunciar la “complicidad del Grupo Clarín con la dictadura militar”, explicó a la agencia estatal de noticias Télam el integrante del Movimiento Evita Leo Grosso. “Clarín-Magnetto, devuelvan a los nietos”, decía un cartel, en referencia al máximo ejecutivo del grupo, Héctor Horacio Magnetto, y a la causa judicial que intenta establecer si los hijos adoptivos de la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera, son hijos de desaparecidos, apropiados durante la dictadura.
La Asociación Madres de Plaza de Mayo, que comenzó a recordar el golpe el 16 de marzo bajo el lema “Pueblo en acción”, cerró ayer su programa con un acto político en el Mercado Central de la capital con el lema “Para que la sangre de nuestros hijos se convierta en escuelas, hospitales, casas y trabajo para todos”.
Una de las marchas marcó la diferencia respecto a las demás por haber adoptado una posición crítica con el gobierno y culminó con un acto en el que organizaciones de izquierda rechazaron “la criminalización de la protesta”, “el mantenimiento de las estructuras represivas” y pidieron “la unificación de las causas contra represores”. De acuerdo al diario argentino La Nación, el texto fue suscripto por unas 300 organizaciones, entre ellas el Partido Obrero y Proyecto Sur, el Movimiento Socialista de los Trabajadores y la Corriente Clasista.
Se estima que desaparecieron 30.000 personas durante la dictadura que comenzó en 1976 y terminó en 1983. Desde el regreso a la democracia, murieron 273 de los 1.706 militares, policías y civiles acusados de haber violado los derechos humanos, y este año están previstos nueve juicios relacionados con crímenes de la dictadura. En 2010 terminaron 19 de esos juicios, con condenas a 196 represores.