El gobierno de la provincia argentina de Formosa pidió ayer al grupo de indígenas de la comunidad toba -o qom- que bloqueó en parte la avenida 9 de Julio que vuelva al diálogo y levante la medida. Unos 100 manifestantes, liderados por el cacique Félix Díaz, reclaman a las autoridades nacionales y a las provinciales que se les restituya las tierras de las que fueron desalojados. Pero el gobierno provincial los acusa de ser “la única con la que no se puede hablar” de las 180 comunidades indígenas de la provincia.
El 23 de noviembre, cuando los toba llevaban cuatro meses protestando con cortes intermitentes en una ruta nacional, cerca de Laguna Blanca, en el norte formoseño, la Policía de la provincia los desalojó por la fuerza. Los enfrentamientos dejaron dos muertos: un qom y un policía.
Como los indígenas entienden que los acuerdos logrados con el gobierno provincial después del desalojo no fueron cumplidos, protestan desde hace varios meses acampando en una de las plazoletas junto a la 9 de Julio, en el cruce con la Avenida de Mayo, para reclamar que el gobierno nacional intervenga. El lunes aumentaron la presión: declararon una huelga de hambre y se instalaron con colchones y carteles en la calle, cortando también parte de la Avenida de Mayo. “La tierra es nuestra vida” y “Basta de violar los derechos humanos” dicen algunos de sus carteles. Díaz es el líder de la comunidad La Primavera, que reclama tierras a las autoridades provinciales. “Esto no es novedoso ni bueno para nosotros. Muchos estamos enfermos, pero no nos queda otra, aunque sea peligroso lo vamos a hacer porque no tenemos más nada que perder”, lamentó al anunciar a la prensa el comienzo de la huelga de hambre.
Pero el ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo de la provincia de Formosa, Jorge González, en diálogo con la agencia estatal de noticias Télam, le restó importancia al asunto. “Se trata de un grupo muy pequeño de la comunidad La Primavera, mucho menos del 10%, con quien hay imposibilidad de diálogo. El resto de la comunidad posee un título de propiedad comunitario por 5.187 hectáreas, donde viven 413 familias”, aseguró.
El ministro destacó que con las demás familias hay un diálogo “permanente” y que en su provincia “hay una decisión política muy fuerte de trabajar con las comunidades aborígenes”. Se refirió, por ejemplo, a políticas de entrega de tierras y de “educación intercultural”.
González también dijo que hay una medida cautelar presentada por el grupo liderado por Díaz, y que la Corte Suprema de Justicia debe expedirse sobre una cuestión de competencia para resolver el tema. Los qom reclaman la restitución de 1.300 hectáreas de tierras, cerca de la frontera con Paraguay. Según denunció Díaz a la agencia de noticias EFE, “unas 800 familias fueron desplazadas hace ocho meses”. El dirigente acusa a la presidenta Cristina Fernández de no atender sus reclamos “para proteger” al gobernador kirchnerista de Formosa, Gildo Insfrán.